En la CDMX se ha encendido una alerta por el crecimiento acelerado de páginas y grupos conocidos como “quemados”, que han proliferado en redes sociales y aplicaciones de mensajería, con el objetivo de exhibir, difamar o incluso acosar a personas, sin ningún tipo de filtro ni responsabilidad sobre las consecuencias.
El fenómeno ha encontrado terreno fértil en un contexto donde el escrutinio público se ejerce cada vez más en el ámbito digital y donde la viralización de contenidos se da en de segundos.
La preocupación radica en que muchos de estos grupos, que en un inicio surgieron con la intención de “denunciar” conductas indebidas, han derivado en linchamientos virtuales que exponen datos personales, fotografías e incluso datos privada de los señalados.
Víctor Ruiz, fundador de la empresa de ciberseguridad Silikn, explicó que el problema central no es únicamente la exposición mediática, sino la ausencia de regulación y la facilidad con la que estos contenidos se comparten.
“El modelo de los ‘quemados’ se basa en un anonimato que reduce la responsabilidad y amplifica el daño. El riesgo es que cualquiera puede ser víctima, sin importar si la acusación es real o inventada. No existe un proceso de verificación y lo que se publica se queda grabado en la memoria digital por tiempo indefinido”, advirtió.
Subrayó que la expansión de estas páginas es reflejo de un ecosistema donde las redes sociales se convierten en tribunales paralelos.
“Estamos frente a una cultura de la exposición que puede ser peligrosa. Lo que para algunos es un juego, para otros se traduce en daños reputacionales irreversibles, ansiedad, depresión o incluso riesgos físicos. No hay que olvidar que la información digital traspasa las fronteras y que queda al alcance de cualquiera”, agregó.
Destacó que aunque existen mecanismos legales para denunciar la difamación, estos es insuficiente frente a la velocidad de propagación de la información en línea.
“Es como intentar detener una bola de nieve que ya se convirtió en avalancha. Lo que se necesita es un marco legal más claro, pero también una política pública de educación digital para que la sociedad entienda las consecuencias de compartir o participar en estos grupos”, enfatizó.
