La debilidad institucional y falta de transparencia en el manejo de recursos públicos, sobre todo los que se destinan a estados y municipios, elevan el riesgo de que los recursos se utilicen para fines políticos, advirtió Mariana Campos, coordinadora de Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa.
Durante un taller de análisis previo a la publicación de la Cuenta Pública 2016, indicó que al cierre de ese año se pagaron 691 mil millones de pesos por participaciones, esto es 7 por ciento más que en 2015; mientras que se transfirieron por concepto de aportaciones federales 745 mil millones de pesos, 12.4 por ciento más que un año antes.
El problema radica en que en el caso de las aportaciones, 14 por ciento de las que se aprueban son sin destino geográfico.
"Urge mejorar la clasificación geográfica de recursos para reducir discrecionalidad en la distribución de los mismos entre gobierno locales durante el ejercicio fiscal, "de no cambiarse, seguirá promoviéndose el uso electoral de los recursos", expuso.
Campos sostuvo que no es sostenible seguir aumentando las transferencias a los gobiernos locales en las condiciones institucionales actuales, por lo que se debe promover la recaudación local y garantizar un uso "más racional e íntegro de los recursos del gasto federalizado".
De tal forma que la entrega de recursos a los gobiernos locales debe condicionarse a su capacidad de gestión financiera y de recaudación, a sus prácticas de transparencia y de rendición de cuentas.
Asimismo, consideró que deben establecerse nuevos mecanismos para promover menor discrecionalidad en el uso de ingresos excedentes durante el ejercicio fiscal, es decir, si el gobierno está recaudando más por ISR, IVA e EIPS especial a gasolina, debe informar el destino y uso de esos recursos.
