Economía

6 puntos clave del tercer paquete de dictámenes de leyes energéticas

El dictamen de las comisiones unidas de Energía y Estudios Legislativos Primera del Senado proponen que consejeros de CFE y Pemex sean los “máximos órganos decisorios”.

Las comisiones unidas de Energía y Estudios Legislativos Primera del Senado publicaron este lunes el tercer paquete de proyectos de dictamen de las leyes secundarias en materia energética.

Algunos puntos que destacan en las iniciativas que podrían ser discutidas el martes son:

• El timón de Pemex y CFE. Los Consejos de Administración de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad serían los máximos órganos de decisión de las empresas del Estado. En las iniciativas, las comisiones unidas proponen crear "un gobierno corporativo que les garantice autonomía técnica y de gestión".


Los consejeros independientes de ambos consejos tendrían la facultad de aprobar los reportes y no solo opinar sobre ellos, además los periodos de dichas figuras serían de cinco años con una reelección única en vez de tres años en los que pudieran ser reelegidos dos veces.

Un cambio importante en el caso del Consejo de la CFE es que sería el órgano completo el encargado de aprobar las tarifas de los distintos productos y servicios que provea la empresa, por lo que ya no sería solo el Director General.


• Información de planes de negocio. Las dos empresas estatales del País publicarían solo una versión pública de su Plan de Negocios, con la justificación de que es necesario tener un equilibrio entre la transparencia que debe regir a una empresa propiedad del Estado y el reconocimiento de que se estará en un mercado competitivo.

Se dispone que los Planes de Negocios de Pemex y la CFE "incorporen el contenido mínimo que debe preverse en sus planes de negocios; como lo son los objetivos, líneas y oportunidades de la empresa, sus principales estrategias comerciales y financieras, así como un diagnóstico de su situación operativa y financiera".

"A fin de no divulgar alguna información que comprometa sus estrategias comerciales presentes y futuras, las empresas productivas del Estado deberán publicar en sus respectivas páginas de internet sendas versiones públicas de sus Planes de Negocios", indica el texto de las Comisiones.


• Pemex y CFE bajo la Ley del Mercado de Valores. Respecto a las obligaciones de transparencia específicas para Pemex y CFE, las comisiones consideran "sujetar a Pemex y CFE a las obligaciones específicas contenidas en la Ley del Mercado de Valores" para garantizar una adecuada rendición de cuentas y evaluación de las actividades y desempeño.

• Ajuste de precios de CFE. En el Artículo 12 del proyecto de Ley de la Comisión Federal de Electricidad se propone que sea el Consejo de Administración de la CFE, y no el director general de la empresa, el que "fije y ajuste los precios de los bienes y servicios que produzca o preste la Comisión Federal de Electricidad, o bien, las reglas para tal efecto, salvo aquellos que se determinen por acuerdo del Ejecutivo Federal o en los términos que establezcan las leyes en materia". En el proyecto enviado por el presidente se proponía que fuera el director de CFE el que fijara los precios.

• IMP autónomo de Pemex.
Las comisiones del Senado rechazan que "el Instituto Mexicano del Petróleo transfiera sus recursos a Petróleos Mexicanos, dado que el Estado Mexicano debe con una institución autónoma que se encargue de la investigación y el desarrollo tecnológico de la industria petrolera en México".

• Falta un comisario. En materia de evaluación, el nuevo proyecto introduce la figura de Comisario para ambas paraestatales, quien tendrá la función de realizar reportes anuales que ayuden al Gobierno en la calificación del desempeño.

Según los senadores, quien genere y proporcione la información al Estado Mexicano para la toma de decisiones sobre las empresas, debe ser un experto independiente, "un tercero imparcial y completamente ajeno a los órganos de dirección y administración de nuestras empresas".

El mecanismo de nombramiento sería "con la participación tanto del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, que garantice la capacidad y preparación de la persona para ejercer dichas funciones".



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