El sector privado hizo un llamado a los senadores, legisladores estatales y gobernadores, para que aprueben en este periodo ordinario la reforma constitucional para crear el Sistema Nacional Anticorrupción y así pasar lo antes posible a la fase crítica de su implementación.
Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo que el sistema anticorrupción tiene que ser punto de inflexión para revertir un nivel de opacidad que creció en los últimos siete años en más de 80 por ciento y que en términos del monto de recursos que acaban con un destino desconocido o confuso, en un agujero negro de más de 56 mil millones de pesos.
En su mensaje semanal, señaló la urgencia que se tiene de abatir la opacidad y falta de control que se presenta a nivel local, ya que en lo que va del siglo, los estados y municipios han recibido más de 355 mil millones de dólares en recursos federales y que tan sólo en una década se perdieron más de 86 mil millones de dólares, por desvíos, subejercicios, despilfarros o pagos indebidos.
"Todo ello con un muy amplio espacio para la discrecionalidad y la impunidad de funcionarios, mandatarios y estructuras caciquiles, que manejan los presupuestos públicos con un claro enfoque patrimonialista", añadió.
Sin embargo, Gutiérrez Candiani aclaró que la situación en materia de corrupción en el país no va a cambiar sólo con mejores leyes, también se necesita voluntad y compromiso de aplicar y cumplir estas sin excepciones; "hay que depurar al Estado mexicano de los actos de corrupción que medran en todos los órdenes de gobierno, tanto en los altos niveles como entre burocracias o en aquellas policías que operan como parte o al servicio de la delincuencia".
Expuso que en esta reforma, es fundamental que se otorgue a la Auditoría Superior de la Federación y al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, competencia para casos de corrupción en estados y municipios, en función de su gravedad o procedencia de los recursos.
Asimismo es de gran es de gran relevancia que se ponga un gran énfasis en la reforma para fiscalizar los recursos federales que se destinen y se ejerzan por fideicomisos, fondos y mandatos públicos y privados, espacios donde también existe un gran déficit de transparencia, agregó.
