CIUDAD DE MÉXICO.- A nueve años de la explosión en la mina de Pasta de Conchos, Coahuila, que ocasionó la muerte de 65 mineros, de los cuales 63 cuerpos siguen sepultados, familiares de los fallecidos acusaron que el Poder Judicial de la Federación impide a la Procuraduría General de la República (PGR) el rescate de los restos, pese a que el peritaje para revisar la viabilidad del rescate de los cuerpos finalizó desde hace dos años.
La Organización Familia Pasta de Conchos (OFPC) indicó que los jueces federales Enrique Martínez Guzmán y Miguel Bonilla López, especializados en cateos, negaron en sendas ocasiones la orden de cateo solicitada por la Procuraduría General de la República (PGR), lo que impide el rescate de los restos de los cuerpos de los mineros.
Carlos Rodríguez, representante de los deudos e integrante del Centro de Reflexión Laboral, señaló que el peritaje fue concluido por expertos internacionales e ingenieros en salvamento y seguridad, el cual permitía el ingreso a la mina para rescatar los cuerpos, pero "los jueces intervinieron negativamente para impedir el acceso a la mina y en lo que pudo intervenir la empresa Grupo México".
Los argumentos de los jueces han sido: que los familiares demandantes se han acreditado como familiares y no como testigos de lo sucedido, pues al no haber presenciado la explosión o haber estado en el lugar de los hechos o en la Unidad de búsqueda de personas desaparecidas de la PGR "no está facultada" para la recuperación de los restos de los trabajadores, porque al saber su ubicación, no están desaparecidos los mineros.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), el Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL) y la OFPC enviaron en enero un comunicado a la CIDH para solicitar que vote sobre la admisibilidad de la petición P17810 (Víctimas de la explosión de la mina Pasta de Conchos) en su próximo periodo ordinario de sesiones, a celebrarse del 13 al 27 de marzo de 2015.
Cabe recordar, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) señaló como responsables del siniestro a los funcionarios de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) y la empresa Minera México de Grupo México.
La OFPC realizó una misa al mediodía en las oficinas de Grupo México, ubicadas en la zona de Polanco en la Ciudad de México, la cual han efectuado sin parar desde el pasado 19 de febrero de 2006.
Por separado, el Sindicato Minero de Napoleón Gómez Urrutia, efectuó por la mañana una marcha silenciosa desde las instalaciones de Grupo México a la Glorieta de la Columna del Ángel de la Independencia, en donde realizaron una guardia en memoria de los mineros fallecidos.
Esta noche, la Cámara de Diputados solicitó al Ejecutivo federal intervenir ante la empresa Grupo México para que se recuperen los cadáveres de los 63 mineros que quedaron atrapados en la mina Pasta de Conchos, Coahuila, a causa de la explosión ocurrida en 2006.
Además el acuerdo de la Junta de Coordinación Política, aprobado en votación económica, también pide a la Comisión Especial de Minería crear un grupo de trabajo para revisar la legislación en la materia.
Todo ello, con el propósito de dar seguimiento a las reformas presentadas y proponer las que resulten necesarias, a fin de prevenir y evitar que se repitan casos como el de Pasta de Conchos.
El diputado José Luis Flores Méndez mencionó que pese a que la mina realizaba sus operaciones con elevados índices de inseguridad, la carbonera no fue clausurada antes de la tragedia, debido a la negligencia y corrupción en que incurrieron diversos actores.
"Muchas dudas han quedado en el aire desde aquel febrero, junto al gran sentimiento de impotencia e injusticia. Al momento permanecen 63 familias prolongando su dolor", aseveró el legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El diputado hizo "un enérgico llamado a la empresa Minera México y a Grupo México para que reactiven los trabajos de búsqueda y recuperación de los mineros perdidos en la explosión del 2006".
