La IP de México rechazó que se ‘premie’ a los invasores de casas del Infonavit, esto después de la propuesta de Octavio Romero Oropeza para legalizar las propiedades invadidas.
“Rechazamos de forma categórica cualquier iniciativa que premie la toma ilegal de viviendas y exigimos que las autoridades competentes —en especial la Asamblea del Infonavit— detengan cualquier intento por legalizar ocupaciones al margen de la ley”, sentenciaron.
El posicionamiento fue firmado por la Coparmex, la Concamin, el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología, (Comce), la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB), la Canaco CDMX y el Consejo Nacional Turístico (CNET).
Los grupos empresariales remarcaron que el Gobierno de México necesita tener institiuciones que “operen con resposabilidad y legalidad”, esto ante la opción de que los invasores de casas del Infonavit puedan comprarlas a bajo costo.
“En el sector empresarial, seguiremos alzando la voz para garantizar que el patrimonio de los trabajadores se respete y que el Estado actúe siempre dentro del marco de la ley”, expusieron.
La IP afirmó que el Infonavit no tiene atribuciones legales para otorgar créditos, rentas ni escrituras a personas que no son derechohabientes, y subrayó que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) o la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) son las dependencias que deben atender a población no afiliada.
¿Qué dijo Claudia Sheinbaum sobre la propuesta de legalizar casas ocupadas?
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que “la propiedad privada está resguardada” y que la iniciativa propuesta por el Infonavit no “trata de quitarle una vivienda a quien le pertenece”.
“Sería un absurdo que se mantengan abandonadaso en condición de irregularidad (...) Se están viendo las opciones para que no queden en el abandono o sencillamente cerrar los ojos y decir ‘están ocupadas ilegalmente y no hacemos nada’“, puntualizó en su ‘mañanera’ del miércoles 18 de junio.
No obstante, los grupos empresariales pidieron al Gobierno que esa posición sea acompañada de medidas que dejen en claro que no se legalizarán las ocupaciones ilegales.
“Es indispensable que esta posición se traduzca en acciones concretas por parte del Instituto y que no se permita avanzar con esquemas que, en los hechos, podrían institucionalizar la ocupación irregular de viviendas. La certidumbre jurídica no puede depender de interpretaciones posteriores, sino de políticas claras”, expusieron.
El director del Infonavit informó que hay 145 mil viviendas del Infonavit que “están habitadas por personas que originalmente sacaron su crédito, pero que ya no pagan; y la mayoría por gente que, no teniendo vivienda, las vio desocupadas y las está ocupando de manera irregular”.
La situación financiera al interior del Infonavit también corre riesgo ya que el índice de morosidad se disparó del 7.8 por ciento en 2018 a más del 18 por ciento en 2024, y considerando créditos segregados, uno de cada tres financiamientos otorgados presenta incumplimientos de pago.
“En lugar de regularizar los créditos vencidos en beneficio del patrimonio del acreditado, se impulsa una estrategia que agrava el problema y compromete el futuro financiero del Instituto”, señalaron los grupos empresariales.
Con información de Leticia Hernández
