La supuesta concesión estatal que permite a Aleatica operar el Viaducto Bicentenario, el segundo piso de la autopista México-Querétaro en el tramo Tepalcapa-Tepotzotlán, sigue siendo motivo de fuertes cuestionamientos legales, de acuerdo a fuentes cercanas al caso.
El conflicto se centra en que dicho tramo forma parte de una vía federal, cuyo control corresponde únicamente a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT). De hecho, el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), fideicomiso público administrado por Banobras, cuenta con una concesión federal vigente sobre esa carretera.
Pese a ello, Aleatica ha operado como si tuviera una concesión válida, amparada en un acuerdo firmado en 2020 entre la SICT y el Gobierno del Estado de México, cuya constitucionalidad es fuertemente cuestionada y que podría poner en riesgo la validez de la concesión federal y el patrimonio público que representa.
Lo más preocupante, advierten las fuentes, es la pasividad de Banobras ante la posibilidad de que la concesión estatal anule la federal. Hasta ahora, el director general del banco, Jorge Mendoza, no ha solicitado formalmente la nulidad del convenio que dio origen al conflicto.
El abogado Paulo Díez Gargari solicitó recientemente a la presidenta Sheinbaum que el Ejecutivo federal aclare quién es el titular de la concesión: si Fonadin o Aleatica.
“No puede haber dos concesiones sobre el mismo tramo, una federal y otra estatal, menos cuando esta última fue otorgada por una autoridad incompetente”, advirtió.
