Este viernes, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) informó que acordó la intervención con carácter de gerencia de la entidad denominada Consejo de Asistencia al Microemprendedor, S.A. de C.V., Sociedad Financiera Popular (Sofipo) CAME, con el propósito de suspender sus operaciones y así salvaguardar los intereses de los ahorradores.
La intervención de la Sofipo CAME fue acordada el pasado 9 de junio por la Junta de Gobierno de la CNBV, para asegurar la protección de los depósitos de los ahorradores y preservar la estabilidad del sistema de ahorro popular, aunque no se informó cuántas personas son las afectadas con esta medida.
La medida tomada por la CNBV, que preside Jesús de la Fuente, fue porque CAME presentó pérdida de capital importante que la ubica en categoría 4 del Nivel de Capitalización (NICAP), con evidente insolvencia financiera.
Se informó que el pasado 21 de mayo se notificó el emplazamiento al procedimiento de revocación por incumplimiento a los requerimientos de capitalización por riesgos de crédito y de mercado, procedimiento que se encuentra en trámite, el cual se realizará luego de que en la intervención se pueda determinar con exactitud la situación financiera de la Sofipo.
Esto porque, de acuerdo con datos de la misma CNBV, al cierre de diciembre había 1.3 millones de ahorradores; la sofipo, en las reuniones con la Secretaría de Gobernación aseguraba que eran poco más de 163 mil ahorradores, de los cuales menos de mil tenían más de las 25 mil Udis en sus cuentas de ahorro, pero de acuerdo con datos extraoficiales se estiman que podrían ser más de 400 mil los ahorradores afectados.
De acuerdo con el comunicado oficial de las autoridades financieras, la intervención acordada por la Junta de Gobierno, prevista en los artículos 75 y 78 de la Ley de Ahorro y Crédito Popular se da después de que la CNBV realizará visitas de supervisión a la entidad desde el mes de marzo, y luego de haber emitido diversas medidas preventivas.
Los ahorradores de la Sofipo tienen cubierto por el Fondo de Protección hasta por la cantidad equivalente a 25 mil UDIS por persona física o moral, cualquiera que sea el número y clase de operaciones a su favor y a cargo de una misma sociedad financiera popular.
