El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que podría aumentar los aranceles sobre los automóviles importados para fomentar la producción nacional, una medida que intensificaría tensiones con sus socios comerciales.
Trump hizo el anuncio ayer durante la firma de una ley que revoca las regulaciones de California que habrían prohibido la venta de automóviles a gasolina a partir de 2035. Se trata de una victoria esperada por algunos fabricantes de autos y compañías petroleras, que habían criticado esas normas por considerarlas inalcanzables.
El Presidente señaló que subir los aranceles desde el actual 25 por ciento proporcionaría mayor protección a la industria automotriz estadounidense. Como ejemplo, citó el plan de General Motors de invertir 4 mil millones de dólares en sus plantas en EU durante los próximos dos años para evitar aranceles.
“Podría subir ese arancel en un futuro no muy lejano. Cuanto más se suba, más probable es que construyan una planta aquí”, dijo.
La nueva amenaza comercial llega una semana después de que Trump duplicara los aranceles al acero y al aluminio al 50 por ciento, y en medio de negociaciones con docenas de socios antes de la fecha límite del 9 de julio para implementar tarifas más altas.
Otros países, como Japón y Alemania, han tratado de negociar una salida a los aranceles automotrices de Trump, que podrían afectar sectores clave de sus economías.
Amenaza para México
Gerardo Tajonar, presidente de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana (ANIERM), dijo que los anuncios de Trump sobre aranceles y regulaciones automotrices tendrían efectos directos en México.
La industria automotriz mexicana —una de las principales fuentes de inversión extranjera, exportaciones y empleo del país— sería una de las más afectadas por una política de este tipo. “Un arancel del 25 por ciento o más incrementaría significativamente los costos de exportación de vehículos y autopartes fabricados en México. Eso afectaría su competitividad y podría reducir la producción y el empleo en un sector clave para nuestra economía”, advirtió Tajonar.
Golpe a la competitividad
Desde el Texas Center for Border Economic and Enterprise Development, Daniel Covarrubias coincide en que las acciones de la administración Trump reflejan una “política industrial reactiva, no estratégica”.
“La amenaza arancelaria genera incertidumbre en las cadenas de valor integradas de América del Norte. Aún no sabemos si se aplicarán formalmente, ni si el T-MEC podrá ofrecer exenciones para amortiguar sus efectos. Pero el solo anuncio ya impacta en las decisiones de inversión y planeación”, apuntó.
Para Covarrubias, el problema va más allá del corto plazo: la revocación de los estándares ambientales en California elimina una señal de mercado que estaba acelerando la innovación automotriz. “A corto plazo, podría beneficiar a fabricantes tradicionales, pero a largo plazo frena la competitividad de EU frente a regiones como Europa o China, que lideran la movilidad eléctrica”, explicó.
Indicó que en lugar de medidas unilaterales, se debería adelantar la revisión del T-MEC para construir una nueva visión compartida, “con una agencia binacional de aduanas y un Consejo Coordinador Industrial de América del Norte”, sostuvo.
El consultor de comercio exterior y políticas públicas, Jorge Molina, calificó la posible imposición de aranceles como “totalmente ilegal, injustificada y arbitraria”. Según explica, la medida estaría basada en la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de EU, pensada para proteger la seguridad nacional, pero sin cumplir los requisitos legales necesarios.
“No se ha solicitado ninguna investigación que justifique estos aranceles. No hay datos que muestren un aumento en las importaciones ni daño en la industria estadounidense. Es la misma fórmula que se usó con el acero y el aluminio, que ya fue impugnada por varios socios comerciales”, dijo Molina Larrondo.
