La Cámara Internacional de Comercio en México (ICC México) alertó sobre los riesgos constitucionales, de competencia y regulatorios que implicaría la propuesta de nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual busca reemplazar la legislación actual.
Durante un conversatorio para analizar el contenido de la iniciativa, Miguel Calderón Lelo De Larrea, presidente de la Comisión de Economía Digital del organismo, advirtió que el proyecto contiene inconsistencias constitucionales y violaciones a tratados internacionales, además de afectar la competencia, la privacidad, la regulación del espectro y el acceso a plataformas digitales.
“Nuestros comentarios buscan contribuir a la construcción de un mercado de telecomunicaciones en México sólido, innovador y avanzado, que garantice competencia efectiva, fomente el desarrollo tecnológico y promueva el acceso equitativo a servicios de calidad, siempre en beneficio de los usuarios y con un compromiso social firme”, afirmó Calderón.
El representante de ICC México llamó al Congreso a revisar con detenimiento la propuesta de Ley de Telecomunicaciones, al considerar que un mercado fuerte necesita reglas claras, justas y predecibles, que den certeza a la inversión, garanticen los derechos fundamentales y fortalezcan la conectividad para todos los mexicanos.
El organismo entregó al Poder Legislativo un estudio técnico con observaciones específicas. En el que se advierte, entre otros puntos, que la iniciativa otorga facultades regulatorias excesivas a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, lo que implica una delegación inconstitucional de funciones legislativas.
También señala que la eliminación de consultas públicas obligatorias representa un retroceso frente a estándares internacionales de transparencia.
En cuanto a derechos de los usuarios, el documento alerta sobre el riesgo de acceso sin control judicial al registro de usuarios por parte de autoridades de seguridad, y califica como desproporcionada la posibilidad de que la Agencia bloquee plataformas digitales por supuestos incumplimientos normativos.
También cuestiona la ambigüedad de la regulación en publicidad digital y la posibilidad de imponer multas excesivas.
Destaca además un desbalance regulatorio al exentar a entidades públicas de obligaciones aplicables a privados y permitir la asignación directa de espectro con fines comerciales sin licitación, lo que considera contrario al T-MEC.
Otros puntos críticos incluyen incertidumbre en materia de espectro e interconexión, modificaciones poco claras en tarifas y contraprestaciones, y la imposición de obligaciones que trasladan funciones del Estado a operadores privados, como financiar el bloqueo de señales en cárceles y ofrecer acceso gratuito a plataformas públicas sin una delimitación adecuada.
Calderón reiteró que ICC México está dispuesto a seguir colaborando de forma técnica y constructiva para mejorar el marco regulatorio del sector, con el fin de impulsar el desarrollo económico y digital del país.
