Brasilia, Brasil.- El gasto público realizado por el Gobierno de México apenas equivale a 22 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, dato inferior al promedio de 28.3 por ciento observado en los países que forman parte de América Latina y el Caribe, alertó el Banco de Desarrollo de la región (CAF).
México es ampliamente superado por países como Brasil, cuyo gasto público asciende al 47.1 por ciento del PIB y está casi al mismo nivel de países como Honduras (22.7 por ciento) y Panamá (23.6).
Además, el gasto público nacional solo supera a Perú (18.1 por ciento del PIB), República Dominicana (17.7 por ciento), Paraguay (16.6) y Guatemala (14.5).
“En muchos países de la región, el gasto subnacional sigue siendo bajo en comparación con los países de la OCDE y presenta una notable variabilidad entre los países de la región”, indicó Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo del CAF.
De manera detallada, el Reporte de Economía y Desarrollo (RED) realizado por la institución reveló que el 15.1 por ciento del gasto público nacional se realiza desde un nivel central (Gobierno de México y sus secretarías de Estado), mientras que el 6.9 por ciento restante se ejerce a nivel regional y local, es decir, a través de municipios o localidades.
Al momento de analizar con lupa cómo gastan los gobiernos regionales de México (municipios) se puede observar que el 42 por ciento se destina en educación, seguido de servicios públicos generales (23 por ciento), salud (12 por ciento) y orden público y seguridad (7 por ciento).
En tanto, Guillermo Alves y Gustavo Fajardo, economistas principales de la dirección de investigaciones económicas de CAF, señalaron que existen grandes diferencias en el grado de autonomía con el que los gobiernos subnacionales gestionan la inversión pública.
“En México, los gobiernos estatales y municipales son responsables de la formulación, evaluación, ejecución y operación de proyectos de inversión. En los estados, la Secretaría de Finanzas coordina la cartera de proyectos y su seguimiento. Sin embargo, su autonomía está limitada por su escasa independencia financiera”, indicaron.
Destacaron que la mayoría de las entidades federativas de México dependen de recursos federales para ejecutar obras de infraestructura, con excepciones como Ciudad de México y algunos estados.
“Las transferencias de fondos restringen la autonomía al estar vinculadas a fines específicos, como el financiamiento exclusivo de infraestructura básica para poblaciones en pobreza extrema, o requerir acuerdos puntuales, como los convenios, cuya financiación es menos permanente y responde a objetivos federales y demandas específicas”, subrayaron.
