El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó este miércoles presentar una controversia constitucional en contra de la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), ya que actualmente el órgano regulador de las telecomunicaciones no cuenta con el presupuesto para operar dicho registro.
“El Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) aprobó presentar una controversia constitucional en contra de diversas disposiciones contenidas en el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de abril de 2021”, expuso el IFT.
El órgano regulador explicó que la reforma establece que el IFT se encargará de instalar, operar, regular y mantener el PANAUT con cargo a su presupuesto, y realizará las acciones necesarias para solicitar a los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, a los autorizados, la cancelación en forma inmediata de aquellas líneas de telefonía móvil, que no hayan sido identificadas o registradas por los usuarios o clientes.
En este sentido, el IFT dijo que en la planeación presupuestal ni en el presupuesto aprobado por la Cámara de Diputados para el ejercicio fiscal 2021, hay recursos asignados para poner en marcha el PANAUT, al ser este último una obligación reciente de gasto generada durante el ejercicio en marcha.
“El Instituto no podría destinar en este momento recursos al PANAUT, por lo que el Pleno consideró que no existe justificación para que el legislador determine que el IFT deba realizar las acciones necesarias para que las erogaciones que se generen con motivo de instalar, operar, regular y mantener dicho Padrón, se hagan con cargo a su presupuesto aprobado en el presente ejercicio fiscal y subsecuentes”, advirtió.
Cabe recordar que el presupuesto asignado al IFT para el ejercicio fiscal 2021 es de mil 510 millones de pesos.
Adicionalmente, explicó que la creación del PANAUT contiene elementos que podrían contraponerse con el mandato del IFT de garantizar los derechos contenidos en los artículos 6º y 7º de la Constitución, así como de favorecer el acceso a los servicios de telecomunicaciones, que son derechos fundamentales.
