El Departamento del Tesoro de Estados Unidos a través de la red de control de delitos financieros, FinCEN, ha limitado el envío de dinero en la modalidad de Money Orders a través de empresas que operan en al menos 30 códigos postales de California y Texas. Esta medida afecta directamente a quienes reciben remesas provenientes de EU en México y otros países.
Se trata de una orden que estableció la administración federal encabezada por Donald Trump para aquellas transacciones de entre 200 y 10 mil dólares. Estas, de acuerdo con dicha norma, deberán ser reportadas a la FinCEN, con el fin de combatir los delitos del tipo financiero.
Aunque el texto de la ley indica que se refiere solo a transferencias pagadas en efectivo, las empresas que operan “remesas” prefieren documentar toda operación para evitar ser multadas. Hasta antes de esta orden selectiva, todas las transacciones en efectivo superiores a 10 mil dólares han requerido reportarse a la FinCEN y documentarse.
¿Cuáles son los requisitos para enviar remesas de EU a otro país?
Ahora, las personas que deseen enviar dinero en esta modalidad, deberán presentar su licencia de manejo y proporcionar su número de seguro social, así como su teléfono, lo que limitará este tipo de operaciones a ciudadanos estadounidenses y residentes legales en ese país impidiendo así que aquellas personas extranjeras que radiquen en Estados Unidos de manera irregular y quieran realizar un giro a personas dentro de EU o hacia sus familiares en México y otros países lo puedan hacer.
Esto provocará que las empresas que se dedican a este tipo de servicios limiten sus transacciones y rechacen a los migrantes indocumentados que intentan enviar remesas a México u otros países, ya que es probable que se encuentren en territorio estadounidense sin seguridad social, pero también en la zona fronteriza aquellos residentes que paguen por algún servicio contratado en Estados Unidos y no cuenten con una cuenta bancaria en donde se realizan los cargos.
Bloquean la orden de manera temporal
Un juez federal emitió una orden de restricción temporal que excluye a 11 empresas de servicios financieros a lo largo de la frontera de Texas de cumplir con el nuevo requisito establecido por la oficina del Departamento del Tesoro.
La controversia comenzó cuando la Asociación de Empresas de Servicios Financieros de Texas, con sede en San Antonio, demandó al Departamento del Tesoro y a su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) para frenar la implementación de la orden de focalización geográfica (GTO).
El propósito de la GTO es intensificar la lucha contra el lavado de dinero y las transacciones ilícitas relacionadas con los cárteles de drogas mexicanos y otras organizaciones criminales. Sin embargo, las empresas de servicios financieros argumentan que la implementación de los nuevos requisitos de reporte son excesivamente costosos y, en algunos casos, podrían llevar a muchas de ellas a la quiebra.
El juez federal de distrito, Fred Biery, emitió su fallo el viernes pasado, reconociendo que las 11 empresas miembros de dicha Asociación se verían seriamente afectadas por la GTO.
Además, destacó que las normativas actuales sobre reportes de transacciones de divisas, que requieren informar sobre transacciones superiores a los 10 dólares, han estado en vigor durante décadas. “Siendo escéptico, la guerra contra las drogas no se va a ganar de repente con esta Orden de Protección Temporal (GTO)”, declaró Biery durante la audiencia, lo que provocó risas en la sala.
El juez enfatizó que su decisión solo afecta a las 11 empresas de la Asociación y aclaró que ninguna otra entidad podrá unirse para evadir la GTO. La orden tendrá una duración de 14 días, aunque podría extenderse por otros 10 días. En el futuro se programará una audiencia probatoria para continuar con el caso.
Por su parte, el senador estatal Roland Gutiérrez, demócrata por San Antonio, forma parte del equipo legal que representa a la Asociación criticó duramente la GTO, calificándola como una “extralimitación gubernamental extraordinaria” que afectaría gravemente a las pequeñas empresas de la región.
El senador también cuestionó la base de la GTO, sugiriendo que la medida se fundamenta en la falsa premisa de que los narcotraficantes utilizan empresas de servicios financieros para lavar dinero. En su opinión, la mayoría de los clientes de estas empresas son simplemente personas que cruzan la frontera para cambiar pesos por dólares, o enviar dinero a sus familiares en sus lugares de origen para que cubran sus gastos del día a día, lo que pone en duda la eficacia de la orden.
La batalla legal entre las empresas de servicios financieros y las autoridades federales continúa, y la decisión del juez Biery se ha convertido en un precedente clave para futuras disputas sobre regulaciones que afecten organizaciones financieras incluyendo la banca en la zona fronteriza de Texas inicialmente. Mientras tanto, las empresas de la región permanecen a la expectativa de cómo se desarrollará este caso que podría transformar las operaciones financieras en el futuro.
