Médicos enfrentan mayores dificultades para tratar a pacientes con infecciones de transmisión sexual complejas, ya que ciertos datos de salud han sido eliminados de sitios públicos. Las aseguradoras ya no pueden acceder a información actualizada de una base de datos clave sobre desastres climáticos y meteorológicos. Los distritos escolares trabajan ahora con una versión reducida del informe nacional sobre desempeño académico, herramienta fundamental para establecer metas educativas y distribuir recursos.
Estos conjuntos de datos se han convertido en un daño colateral del esfuerzo del Presidente Donald Trump por reducir el tamaño del gobierno estadounidense. El llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental afirma haber cancelado casi 12 mil contratos, lo que representa un ahorro de unos 44 mil millones de dólares, además de la cancelación de miles de millones más en subvenciones. A esto se suman cientos de miles de empleados públicos que han salido por renuncias voluntarias, despidos u otras causas, dejando vacíos importantes en varias agencias. Entre las más afectadas están pilares del sistema federal de estadísticas, como la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) y la Oficina del Censo, así como muchas otras dependencias menos conocidas que se dedican a investigar temas como ciencia, salud, transporte e ingeniería.
Algunos procesos de recolección de datos ya estaban en riesgo antes del regreso de Trump a la Casa Blanca, debido al recorte de presupuestos y a la pérdida de personal especializado. Además, las instituciones encargadas de generar estadísticas han enfrentado una disminución en la participación ciudadana en encuestas, lo que encarece y ralentiza la elaboración de bases de datos representativas, una tendencia que no es exclusiva de Estados Unidos. “Es como cerrar la llave del agua: el flujo se va reduciendo y no sabemos hasta dónde llegará”, advierte Nancy Potok, quien fue jefa de estadística durante la primera administración Trump. “Estamos recibiendo una corriente cada vez más limitada de información”.
Las estadísticas oficiales son fundamentales para la toma de decisiones en múltiples ámbitos. Empresas privadas las utilizan para establecer salarios y definir inversiones. La Reserva Federal y la Casa Blanca las requieren para diseñar políticas monetarias y fiscales, como tasas de interés o aranceles. Y también son útiles para la ciudadanía, que quiere saber cuáles son los mejores distritos escolares, dónde hay brotes de enfermedades o qué tan preparada está su comunidad ante desastres naturales.
Si bien las voces expertas coinciden en que la mayoría de los datos económicos aún son confiables, la tendencia es preocupante. En la BLS, encargada de generar los indicadores clave sobre inflación y empleo, el financiamiento ha caído alrededor de 20 por ciento en términos reales desde 2010. La propuesta presupuestaria de Trump para el año fiscal 2026 contempla un recorte adicional del 8 por ciento, tanto en recursos como en personal. Estos ajustes obligarán a la BLS a enfocarse únicamente en los datos que la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca considere prioritarios. Por separado, la oficina también decidió hace unos meses suspender la recolección y publicación de ciertos datos relacionados con sus índices de precios al consumidor y al productor.
“Las amenazas a los datos económicos se han acelerado”, advierte Jed Kolko, quien fue subsecretario de Asuntos Económicos en el Departamento de Comercio durante la administración Biden. “El riesgo es que las estadísticas económicas en las que confiamos se deterioren con el tiempo”, explica, al volverse menos precisas, sujetas a revisiones más amplias y cada vez más dependientes de estimaciones e imputaciones en lugar de datos recabados directamente mediante encuestas.
Un grupo de senadores demócratas envió recientemente una carta a la Oficina de Estadísticas Laborales y a su dependencia supervisora, el Departamento del Trabajo, solicitando un informe sobre cuántos puestos ha perdido la oficina y detallando cada cambio realizado a sus programas estadísticos desde que Trump asumió el poder. “Estas cifras impactan a casi todos los hogares del país; afectan el Seguro Social, los salarios, las tasas de interés y las decisiones financieras de familias y empresas”, escribieron el pasado 10 de junio.
“La Administración está comprometida a que todas las agencias y subagencias federales cumplan con sus obligaciones legales, publicando datos precisos, oportunos y relevantes para el pueblo estadounidense”, señaló por correo electrónico el vocero de la Casa Blanca, Kush Desai.
Uno de los primeros lugares donde comenzaron a desaparecer datos fue en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), donde una orden ejecutiva firmada en enero, que instruía eliminar de las agencias federales cualquier lenguaje relacionado con diversidad, equidad e inclusión, derivó en la eliminación de más de 200 bases de datos de sitios web públicos, según reportó la revista New England Journal of Medicine. Otras bases dejaron simplemente de actualizarse. Entre los recursos afectados se encuentra una herramienta en línea que permitía a los médicos consultar décadas de datos de vigilancia epidemiológica del CDC sobre VIH, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual, así como un repositorio de investigaciones sobre riesgos en el embarazo. El Departamento de Salud y Servicios Humanos, por su parte, dejará de recolectar información sobre visitas a salas de urgencias relacionadas con consumo de sustancias.
La doctora Sarah Nosal, presidenta electa de la Academia Estadounidense de Médicos de Familia, recuerda el día a principios de febrero en que notó que varias aplicaciones móviles del CDC —usadas para tratar infecciones de transmisión sexual y ofrecer métodos anticonceptivos— dejaron de funcionar. Se encontraba en consulta con una paciente que padecía infecciones vaginales recurrentes, un problema que requiere un tratamiento médico individualizado. Aunque las aplicaciones volvieron a estar disponibles, Nosal asegura que ya no las consulta, porque la información ahora es incompleta y poco confiable. Ella y sus colegas se ven obligados a gastar más tiempo y dinero contactando expertos directamente para obtener datos que antes tenían al alcance de la mano, y teme que la calidad de la atención médica esté deteriorándose. “Probablemente ni siquiera sepamos todavía qué cosas estamos haciendo mal”, señala. “Estamos perjudicando a nuestros pacientes porque ya no tengo la misma información para brindarles la mejor atención posible”.
Así como la administración actual ha puesto la mira en la información relacionada con poblaciones diversas, también ha dirigido sus recortes hacia todo lo vinculado con el cambio climático. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés) está desactivando su popular base de datos sobre desastres climáticos y meteorológicos que han causado daños superiores a los mil millones de dólares. Esta herramienta ha sido clave para aseguradoras y reaseguradoras a la hora de calcular pérdidas y educar al público sobre los riesgos de desastre, algo que habría sido de gran utilidad en los próximos meses mientras el centro de Texas se recupera de las devastadoras inundaciones de julio.
Además, la NOAA anunció que dejará de distribuir las lecturas del programa satelital meteorológico a finales de julio. Esta información era esencial para que el Centro Nacional de Huracanes pudiera anticipar si una tormenta se intensificaría rápidamente. La Casa Blanca también eliminó de los sitios web gubernamentales herramientas cartográficas ambientales que activistas utilizaban para proteger a comunidades vulnerables a la contaminación y al cambio climático.
Algunos de los efectos en la información estadística federal han sido más sutiles. En junio, el Departamento de Agricultura publicó con varios días de retraso los datos trimestrales de comercio, y lo hizo sin los comentarios ni el análisis acostumbrado. La agencia estadística del Departamento de Educación —que ha sido reducida de unos 100 empleados a apenas tres— todavía no publica su calendario de publicaciones, a pesar de que está obligada por ley a hacerlo.
Aunque el sistema estadístico federal requiere financiamiento y personal para operar, muchos expertos en el tema aseguran que inyectar dinero no basta para resolver el problema. De hecho, los recortes podrían ser una oportunidad para replantear el modelo estadístico de Estados Unidos, señala Julia Lane, autora del libro Democratizing Our Data: A Manifesto. Este sistema ha sido criticado por su naturaleza descentralizada, ya que está repartido entre múltiples agencias gubernamentales, lo que genera ineficiencias y frena los esfuerzos por modernizarlo y hacerlo más coherente. Lane, profesora emérita de la Universidad de Nueva York, sostiene que parte de la solución podría venir desde fuera del propio gobierno. “No le hacemos ningún favor a nadie si tratamos de conservar un sistema muerto”, afirma. “Necesitamos cambiar hacia brotes verdes que cuesten menos y aporten mucho más valor”.
Una parte clave de ese cambio implica apoyarse en datos administrativos, como los registros estatales de desempleo o la información fiscal del Servicio de Rentas Internas (IRS), que son más fáciles y baratos de recopilar. Si bien el sector privado puede cubrir algunos vacíos, los expertos señalan que no puede compararse con los estándares del sistema estadístico federal. “El sector privado recolecta datos para sus propios fines, y necesita obtener ganancias de esos datos para justificar los costos de recopilarlos”, explica Ron Wasserstein, director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Estadística, un grupo de defensa del acceso a datos públicos. “Así que, si queremos información precisa, confiable, imparcial y creíble, no podemos esperar que venga del sector privado”.
Lee aquí la versión más reciente de Businessweek México:
