En los últimos años, el debate sobre los aranceles y la política comercial ha recuperado protagonismo en la agenda internacional, especialmente en economías clave como Estados Unidos, México y la Unión Europea. Este renacimiento del proteccionismo no es casual ni aislado; refleja una tensión latente en el orden económico global, resultado del choque entre la promesa de crecimiento generada por la apertura comercial y la persistencia de inequidades económicas y sociales derivadas de la globalización.
La lógica proteccionista que justifica el uso de aranceles se basa en la idea de que, al proteger a industrias estratégicas con barreras comerciales, estas pueden desarrollarse hasta lograr competitividad suficiente para enfrentar al mercado global en condiciones favorables. Esta estrategia no es nueva: tiene raíces profundas en teorías económicas clásicas como la de Friedrich List, quien argumentaba que los países en vías de desarrollo debían proteger su naciente industria frente a competidores ya establecidos hasta alcanzar madurez tecnológica y productiva. Se hablaba incluso, de la “industria infantil” que habría que preservar.
La historia económica ofrece ejemplos variados de países que inicialmente adoptaron políticas proteccionistas con cierto éxito. Estados Unidos durante el siglo XIX o Japón después de la Segunda Guerra Mundial son dos casos emblemáticos. Japón, específicamente, impuso altos aranceles y subsidios selectivos a industrias clave como la automotriz y la electrónica, permitiendo el fortalecimiento de grandes empresas, hoy líderes globales como Toyota, Sony o Mitsubishi.
Sin embargo, este enfoque también ha mostrado claras limitaciones. América Latina, durante la segunda mitad del siglo XX, experimentó con políticas agresivamente proteccionistas bajo la lógica de la sustitución de importaciones. México, Brasil y Argentina intentaron generar una industrialización acelerada mediante aranceles elevados y regulaciones restrictivas al comercio internacional. Aunque se lograron ciertos avances industriales iniciales, estos modelos terminaron enfrentando graves dificultades, como falta de innovación, productos caros y de baja calidad, dependencia excesiva del mercado interno, y escasa competitividad internacional.
La realidad mexicana es especialmente ilustrativa. Durante décadas, la economía nacional se protegió bajo un esquema altamente restrictivo al comercio exterior. Sectores como el automotriz o la industria electrónica crecieron inicialmente, pero la crisis de deuda de los años ochenta reveló su fragilidad y falta de competitividad real. Esto condujo al drástico giro hacia el liberalismo comercial, cristalizado en tratados como el TLCAN (hoy T-MEC), que cambió radicalmente el rumbo económico del país.
La protección comercial avanzó al unísono con las estrategias de sustitución de importaciones, que pretendían reemplazar el abasto externo con proveedores locales. En México, la realidad, es que dicha estrategia nunca funcionó y lo que generó fueron déficits comerciales crecientes.
Pero la globalización y la apertura comercial tampoco fueron una panacea. Es indudable que, aunque se han generado beneficios significativos como el incremento de inversiones extranjeras, mayor oferta de productos y reducción en precios para los consumidores, amplios sectores sociales experimentaron pérdida de ingresos, empleos precarios y reducción en sus perspectivas económicas.
La globalización, al favorecer sectores altamente competitivos en contextos específicos, también generó desequilibrios regionales, desempleo estructural y exclusión social. Esto ha alimentado precisamente la reemergencia de visiones proteccionistas.
Pareciera un ciclo pendular en el cual por algunas décadas, domina la visión liberal y de apertura comercial y al paso de unos años regresa una perspectiva que parecía rebasada hace ya muchas décadas.
Estados Unidos, con Donald Trump primero y, en menor medida, Joe Biden después, ejemplifica claramente este fenómeno. Trump impuso aranceles a productos chinos, europeos y mexicanos, intentando recuperar empleos industriales y fortalecer sectores manufactureros deprimidos, los del acero y aluminio fueron los casos emblemáticos.
Si bien algunos sectores específicos mostraron ligeras mejoras en el corto plazo, la mayoría de los economistas coincide en que estas medidas elevaron precios para los consumidores estadounidenses, disminuyeron la eficiencia económica y provocaron respuestas arancelarias recíprocas, que perjudicaron industrias exportadoras estadounidenses.
Hoy en día, la dinámica económica global del siglo XXI hace extremadamente difícil que un retorno al proteccionismo clásico pueda tener éxito real y duradero.
La profunda interconexión global de cadenas productivas, la integración tecnológica transfronteriza y la naturaleza interdependiente del comercio internacional implican que medidas aisladas o restrictivas generen rápidamente reacciones negativas que contrarrestan cualquier beneficio inicial.
Asimismo, los avances tecnológicos y la digitalización hacen que el éxito económico dependa menos de medidas restrictivas al comercio y más de factores como la innovación, capacitación de capital humano, inversión en infraestructura y creación de condiciones internas que promuevan competitividad real y sostenida.
En este sentido, políticas proteccionistas clásicas, como las que parece emprender el gobierno de Trump, parecen más una respuesta política inmediata frente al malestar social y económico, que una solución efectiva a los problemas estructurales que enfrentan las sociedades contemporáneas.
En conclusión, aunque la tentación del proteccionismo es explicable frente al descontento social generado por la globalización y liberalización económica, es poco probable que una política centrada en aranceles pueda resolver de forma sostenible las dificultades económicas del siglo XXI.
Las visiones proteccionistas tienen un tufo nostálgico con lemas como “Make America Great Again”, que no van a suceder en la práctica. Es imprescindible, en cambio, enfrentar los desafíos reales del desarrollo económico contemporáneo: mejorar la distribución equitativa de los beneficios del crecimiento, invertir en capital humano y tecnológico, y asegurar una adecuada compensación social que permita a los sectores afectados transitar hacia mejores condiciones económicas.
Solo así se evitará caer en la ilusión proteccionista que, pese a su atractivo político inicial, no podrá conducir a la prosperidad en estos tiempos.
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