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Embargan segundo terreno a Central Park en Querétaro

El predio se ubica en la zona centro-sur del municipio y tiene un valor económico estimado de 50 millones de pesos.

El gobierno municipal de Querétaro activó mecanismos legales para embargar de manera precautoria un predio del desarrollo habitacional y comercial Central Park, esto ante el adeudo de predial que tiene este complejo desde 2016, equivalente a 40 millones de pesos.

La autoridad inscribió al Registro Público de la Propiedad el embargo de un predio del proyecto, que seguirá así en tanto el desarrollador no salde la deuda, informó el secretario de Finanzas del municipio, Francisco José Martínez Domínguez. El predio se ubica en la zona centro-sur y tiene un valor económico estimado de 50 millones de pesos.

"El embargo no recude la cartera vencida y es un proceso legal largo, y al final lo que queremos es darle certeza a los inquilinos de Central Park por la omisión que presentan los dueños originales", explicó.

Actualmente, existe un embargo precautorio en la Zona de las Torres, que se suma al que se ejecutó esta vez, pero sin afectar a los inquilinos quienes continúan con los procesos legales, ya que no cuentan con escrituras de la propiedad que compraron.

Hasta ahora el desarrollo no ha realizado el pago del Impuesto Sobre Traslado de Dominio, puesto que primero tendría que pagar el predial, constituirse como condominio y después realizar la operación traslativa de dominio.

"Es el asentamiento humano irregular más caro de Querétaro. Nosotros estamos invitando a los desarrolladores originales a que regularicen esta situación y estamos en la disposición y apertura de poder darle certidumbre a los actuales inquilinos; necesitamos voluntad de los dueños originales", expresó Martínez Domínguez.

La Fiscalía General de Querétaro mantiene el litigio contra el desarrollo de Central Park, por un adeudo superior a 19 millones de pesos con la Comisión Estatal del Agua (CEA). En julio de 2018 se detectó que el desarrollo inmobiliario había realizado un consumo clandestino de la red de agua potable.

Enrique Abedrop, vocal de la CEA, indicó que existe un acuerdo con los inquilinos, que consiste en haber colocado macromedidores en cada uno de los condominios y entre ellos se dividen las cuotas de pago; también hay casos de medidores individuales.

"La forma en que pagan ellos es que en algunos casos se dividen porcentualmente el monto de pago o algunos han puesto medidores en cada uno de los departamentos", declaró.

Sostuvo que este es el único caso en el estado donde un particular tiene un adeudo de estas dimensiones.

Además de estos problemas, la compañía desarrolladora del proyecto no ha realizado los trámites respectivos ante notario público para que el desarrollo obtenga la declaratoria como unidad condominal y en consecuencia se puedan tramitar las claves catastrales individuales de sus propiedades y obtener las escrituras públicas.

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