José Antonio Gurrea C. / Enviado
En este municipio ubicado en el semidesierto zacatecano -el más grande, pero también el más despoblado- la aridez de la tierra, las humildes viviendas de adobe y los datos duros de Coneval reflejan un panorama de miseria y marginación (72.7% de la población se encuentra en condiciones de pobreza).
Sin embargo, paradójicamente, aquí se encuentra Peñasquito, la mina de oro más grande de América Latina y una de las 3 más importantes del orbe, propiedad de Goldcorp, una trasnacional canadiense que encabeza el mercado de los metales preciosos a nivel mundial.
De acuerdo con sus propias cifras el corporativo prevé un crecimiento de 70% en los próximos 5 años.
Instalado en 2005 sobre la tierra de 4 ejidos (El Vergel, Mazapil, Cerro Gordo y Los Cedros), este complejo minero costó a Goldcorp 1,500 millones de dólares, y previamente el consorcio erogó 1,000 millones de dólares para trabajos de exploración.
Pero Peñasquito -con al menos 22 años de vida útil y que dice generar 3,425 empleos directos-- cuenta con reservas por 18 millones de onzas de oro y 1,000 millones de onzas de plata, que en conjunto equivalen a 78,000 millones de dólares.
Una historia de desalojos
Para establecer la mina, Goldcorp reubicó a las familias de los ejidatarios, dueños originarios de las tierras en pequeños departamentos de interés social. "Para ello se valió de contratos de ocupación temporal, de falsificación de títulos agrarios y de engaños", señala Arturo Burnes Ortiz, especialista en el tema de minería por parte de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).
"Pese a las reservas probadas de oro y plata, la compañía convenció a los ejidatarios de rentar sus tierras por 30 años (contratos de ocupación temporal) en 50 centavos el metro cuadrado", agrega el investigador en entrevista con este diario.
Tres de los cuatro ejidos quedaron más o menos conformes, pero los 29 ejidatarios de Cerro Gordo y sus familias protestaron, primero con bloqueos a la mina, después acudiendo a la justicia mexicana, ante la cual en 2009 demandaron a Goldcorp y exigieron la restitución de las tierras.
Alfonso Herrera y Hugo Teniente, abogados de los ejidatarios, recuerdan en conversación con este diario que en su demanda se denunciaron las falsificaciones y los incumplimientos, pues Goldcorp prometió empleo para todos, además de una escuela y una clínica en los terrenos donde se dio la reubicación, "pero nada se cumplió".
Señalan que durante el litigio el gobierno estatal se ha puesto del lado de la empresa. Por ejemplo, el subsecretario de Gobierno en el gobierno de Amalia García, David Frías, expresó: "Si los campesinos quieren ser socios y obtener reparto de ganancias, que inviertan y coticen en la bolsa de valores de Nueva York".
Pese a todos los obstáculos, la justicia federal documentó engaños y abusos y la demanda prosperó. En 2011 el Tribunal Unitario Agrario de Zacatecas condenó a la empresa trasnacional a la devolución de 600 hectáreas a los ejidatarios de Cerro Gordo y declara nulas las asambleas donde se establecieron los contratos de ocupación temporal de las tierras.
Teniente detalla que en 2012 la empresa se inconformó con esta sentencia e interpuso un recurso de revisión ante el Tribunal Superior Agrario, "sin embargo, éste confirmó la sentencia".
Todavía ese mismo año, interviene Herrera, la minera interpuso un amparo directo en contra de la sentencia, pero el 17 de enero de 2013 el magistrado Serafín Salazar Jiménez lo negó y ratificó que la empresa tiene que devolver las tierras y pagarles a los ejidatarios una indemnización de 130 millones de pesos.
Herrera precisa que debido a que la sentencia es por nulidad del arrendamiento de las tierras, la compañía exigió los 3 millones de pesos que les pagó. "El pasado 16 de abril, los ejidatarios acudieron a regresar el dinero, sin embargo, ese día el magistrado presidente del TUA, José Rodolfo Lara Orozco, se negó a recibir el dinero de los campesinos y con ello evitó que se cumpliera la sentencia. En vez de eso, Lara Orozco llamó a las partes a resolver por la vía de la negociación económica el conflicto."
"Espejitos"
"Es inconcebible", señala Herrera, pero Lara Orozco dijo que rechazaba el dinero de los campesinos con el argumento de que no tenía condiciones para resguardarlo en el tribunal. "Algo así como que la caja de seguridad del Tribunal no tenía seguridad", bromea el abogado.
En este contexto, la abogada de la empresa minera, Julieta Kuri, le recordó al magistrado "la importancia constitucional de la minería, las pérdidas económicas y de empleos". Luego propuso la designación de un perito contable que determinara el valor de las tierras para saber cuánto pagar a los ejidatarios. Una vez más Lara Orozco cedió en lugar de ejecutar la sentencia.
"Son puras tácticas dilatorias por parte de la empresa", lamenta el abogado Hugo Teniente, quien señala que en la prensa local los han acusado de querer venderles espejitos a los ejidatarios y de ser agitadores profesionales. Herrera y Teniente aclaran que los 29 ejidatarios no están contra la fuente de trabajo. "Estamos en la mejor disposición de negociar, pero con nuevas reglas, con lo que es justo y es legal. Por eso queremos que venga la gente de Canadá, que es la que tendría facultades para hacerlo".
En declaraciones a Bloomberg, Teniente señaló que los ejidatarios están dispuestos a rentar las tierras a Goldcorp en 5 millones de dólares anuales, en lugar de los aproximadamente 3 millones de pesos (242,000 dólares) que recibieron por 30 años. "El valor final del arrendamiento será determinado por expertos en valuación", dijo el abogado.
Sobre el tema, el investigador Arturo Burnes Ortiz señala a este diario que la minería ha traído paradojas a Zacatecas. "Por ejemplo, mientras el estado es primer lugar en la producción de plata, plomo, zinc y oro, también es penúltimo en su aportación al Producto Interno Bruto (PIB) a nivel nacional".
Y agrega dos datos: "De cada 1,000 dólares que la empresa (Goldcorp) obtiene, sólo paga 47 centavos por derecho de uso de la tierra, y el pueblo zacatecano sólo recibe 18 centavos de dólar".
La empresa se niega a hacer declaraciones
EL FINANCIERO buscó a Minera Peñasquito, subsidiaria de Goldcorp, para conocer su posición respecto al litigio que mantiene con los 29 ejidatarios, sin embargo, sus voceros señalaron que no harían declaraciones al respecto "para que el proceso legal siga su curso en las instancias correspondientes".
Aparte, en un comunicado enviado a este diario la minera indicó que "con base en su código de ética la empresa está comprometida para encontrar la mejor solución al asunto".
Goldcorp presume caminos y escuelas
Contrariamente a lo expresado por los ejidatarios, Alfredo Phillips, ejecutivo de Goldcorp, dijo a Bloomberg que la empresa ha construido caminos y una escuela y fundó un programa juvenil para la comunidad cerca de la mina.
"La comunidad se encuentra en el centro de lo que hacemos", dijo Phillips en una entrevista telefónica.
Información proporcionada por El Financiero Diario
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