CIUDAD DE MÉXICO.El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, dijo que "los oprobiosos hechos de Iguala y Tlatlaya no son producto de una generación espontánea".
Y agregó que "las condiciones que los propiciaron se gestaron paulatinamente desde hace tiempo" y señaló que los mexicanos "tenemos un reclamo de justicia y de verdad".
Ante el presidente Enrique Peña Nieto durante la entrega del Premio Nacional de los Derechos Humanos, el ombudsman nacional dijo que "los derechos humanos están en crisis en algunas regiones de nuestro país" y expresó los cuestionamientos que han surgido tras los hechos registrados en Iguala, Guerrero.
"¿Dónde estaban las instituciones de seguridad del Estado que debían prevenir los riesgos y amenazas a la seguridad interior y al orden público?, ¿Qué hacían las autoridades competentes de los distintos órdenes de gobierno cuando acontecían esos deleznables episodios?, ¿cómo pudimos llegar a tal grado de deterioro social e institucional en esa regiones del país?", cuestionó.
Para el nuevo titular de la CNDH, "la violencia, la inseguridad, la corrupción y la impunidad, han provocado, además de dolor e indignación, un sentimiento de desconfianza hacia nuestras instituciones de malestar, de fractura en nuestro estado de derecho así como una percepción de lejanía e indiferencia en las autoridades ante los reclamos de la sociedad".
Expuso que "las manifestaciones son una expresión de hartazgo ante la impunidad, de indignación por la complicidad entre algunas autoridades y delincuentes y de inconformidad por los abusos de poder y la falta de respuesta de las autoridades a las demandas por un país más justo e incluyente".
Sin embargo, reconoció que "desafortunadamente este derecho legítimo se ha visto afectado por grupos minoritarios violentos, que ante las circunstancias que atravesamos quisieran generar un contexto de ruptura y polarización social".
"La injusticia, la mentira y la violencia, sea cual sea su origen, agreden y debilitan a México. La verdad, el imperio de la ley y el diálogo nos fortalecen como país", dijo.
Por otra parte, el ombudsman pidió hoy al gobierno federal y a los gobiernos estatales y municipales ubicar la defensa y protección de los derechos humanos y la atención integral a las víctimas como el centro de toda la administración pública, pues aseguró que "por complejas que sean las circunstancias, México no puede permitir el debilitamiento de su Estado de derecho".
Señaló que entender la complejidad del enojo colectivo y el riesgo de erosión de la legitimidad gubernamental obliga a un cambio de actitud, de estrategia y de discurso. "No se trata de rediseñar el país –dijo González Pérez— sino de establecer prioridades".
El titular de la CNDH agregó: "Todo el apoyo al ejercicio de la libertad de expresión y de la protesta pacífica dentro del marco de la ley, y la aplicación estricta de la misma a quien ejerza violencia afectando derechos e intereses de terceros.
Por su parte, el ganador del Premio Nacional de los Derechos Humanos, Juan Manuel Estrada Juárez, dijo que "Ayotzinapa fue un acto de violaciones a los más elementales derechos de las personas y por ende, es un problema de las personas y la sociedad".
Agregó que "todos somos responsables de lo que pasó en Ayotzinapa y también todos somos responsable para que estos no vuelvan a suceder".
