CIUDAD DE MÉXICO. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) presentó ante la Procuraduría General de la República (PGR) una nueva denuncia de hechos en contra de los suspendidos Luis Armando Jerezano Treviño y Gerardo Tiscareño Mercado, titular y secretario del juzgado Cuarto de Distrito en la Laguna, Torreón, como probables responsables de conductas delictivas como enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Como resultado de sus propias investigaciones administrativas y actuando de manera contundente, el CJF indicó que como se detectaron irregularidades, particularmente en lo relacionado con la actuación del juez en el otorgamiento de un amparo a favor de empresas permisionarias de juegos y sorteos; actuaciones judiciales que fueron suscritas y avaladas en forma conjunta con el secretario Gerardo Tiscareño Mercado y que avalaron la operación de la empresa "Atracciones y Emociones Vallarta".
La Contraloría del Poder Judicial de la Federación, por su parte, detectó que Jerezano Treviño probablemente no justificó ingresos adicionales a los percibidos con motivo de sus encargos por la cantidad de tres millones 519 mil pesos, además de que "se advirtieron irregularidades en los diversos juicios de amparo correspondientes a los años 2006, 2007, 2008 y 2009 en los que estuvieron involucrados tanto el titular como el secretario de dicho juzgado".
El procedimiento disciplinario fue ordenado por el pleno del CJF debido a que uno de los familiares cercanos del juez Jerezano adquirió inmuebles por un valor que asciende a 13 millones de pesos, sin que se advierta justificación alguna respecto del origen de los recursos aplicados en dichas compraventas, además de que dicha persona no reportó tener ingresos por el desempeño de alguna actividad ante el Servicio de Administración Tributaria.
El juez Luis Armando Jerezano Treviño, conocido como el juez casinero, fue suspendido en agosto de 2011, por otorgado indebidamente amparos a la empresa Emociones y Atracciones Vallarta, que operaba el Casino Royale, donde el 25 de agosto de ese año fueron asesinadas 52 personas en un ataque incendiario.
Por ese motivo, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) inició un procedimiento de responsabilidad administrativa en contra del juez de distrito Ricardo Hiram Barbosa Alanís, quien otorgó suspensiones provisionales definitivas a propietarios de casas de apuestas de Nuevo León, entre ellos Juan José Rojas Cardona, El Zar de los Casinos.
El CJF señaló que con esta nueva denuncia de hechos, "este órgano colegiado da muestra de su actuación firme y transparente contra aquellos funcionarios públicos que actúan con deslealtad a la Constitución y a la sociedad. Y dado que ésta reclama y merece jueces honestos, los más de mil 200 juzgadores federales reafirman su compromiso social y repudian la deslealtad de unos pocos que puedan manchar la alta responsabilidad de la inmensa mayoría de los juzgadores".
