AGUASCALIENTES.- Aunque se ubicó en el grupo de críticos de la reforma electoral, el investigador titular en el área de Derecho Electoral del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, César Iván Astudillo Reyes, calificó de "irresponsables" a quienes "siguen empeñados" en revertirla y en "apostarle a su fracaso".
"No podemos revertirla ya", por lo que lo razonable y obligado ahora es "acompañarla", tanto autoridades electorales, como académicos, legisladores y partidos políticos, "y tratar de que sea exitosa", pues, lo contrario, dijo, "puede llevar a situaciones de inestabilidad política y social en el país, que pueden ser muy negativas".
Aunque tiene "claroscuros" y muchos elementos problemáticos, "es lo que hay", advirtió, y que probablemente ya habrá ocasión de "irle haciendo ajustes a lo que veamos que no funcionó" en las elecciones de 2015, las cuales, para él, "darán un cúmulo de información que podremos poner sobre la mesa para análisis" en beneficio de las siguientes, incluida la "grande", de 2018.
El investigador destacó que la reforma de 2014 es muy amplia y significativamente mayor a la de 2007 y que si bien "no trata de resolver problemas profundos del modelo de organización electoral del país, marca un cambio drástico, un punto de inflexión" para la organización de los comicios y para unificar la calidad de los mismos.
Invitado por el Instituto Estatal Electoral (IEE), Astudillo Reyes dio en esta ciudad una conferencia sobre las implicaciones de la reforma electoral para los estados, que centró en cuatro puntos: la designación de los consejeros electorales, la adecuación de las leyes locales, la fiscalización de los recursos de los partidos políticos y el servicio profesional electoral.
En ese contexto, respaldó la tesis de que una de las "piezas que hacen más endeble a la reforma" es que no se hizo cargo de ninguna disposición que asegurara la autonomía presupuestal de los ahora llamados Organismos Públicos Locales Electorales (Oples), "de tal suerte que van a tener un jefe institucional, el INE, que fue el que los designó y los puede correr, y el mismo jefe económico de siempre, el Estado, la Secretaría de Hacienda, los congresos estatales y en última instancia los gobernadores".
"No se previeron situaciones que los alejaran de los que pagan, para que tuvieran garantizado un presupuesto que no esté sometido a posteriores negociaciones", dijo, y que esto presumiblemente va a dar pie a nuevos motivos de conflicto entre los consejeros electorales y la clase política local.
En similar perspectiva puso el tema de la fiscalización de los recursos manejados por los partidos políticos, lo cual, para el investigador, "ya queda claro que el INE no lo va a hacer, por lo que está discutiendo la forma de delegársela a los estados".
