CIUDAD DE MÉXICO.- El número de quejas por violación de derechos humanos en contra del Ejército disminuyeron en 2013 cerca del 50 por ciento con respecto a 2012, informó el ombudsman Raúl Plascencia Villanueva.
Al entregar su informe de actividades 2013 al presidente Enrique Peña Nieto en Los Pinos, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) aseveró que esto se debe a la viva disposición de todos los miembros del Ejército de mantener un estrecho vínculo de trabajo para capacitar en derechos humanos a todo su personal.
Por su parte, Peña Nieto atribuyó esta sensible disminución de quejas contra la administración pública federal ante la CNDH al nuevo enfoque de seguridad y justicia que protege la vida e integridad de los mexicanos.
"Sin embargo, de ninguna manera podemos caer en triunfalismos. Está es una tarea permanente, un compromiso irrenunciable del gobierno de la República ante una sociedad que con toda razón exige a quienes tenemos responsabilidad pública redoblar esfuerzos para dar respuesta oportuna a sus demandas y exigencias", dijo el Ejecutivo.
RIESGOS POR AUTODEFENSA
En otro tema, manifestó su preocupación por los peligros y riesgos que representa la existencia de los grupos de autodefensa en Guerrero y Michoacán.
Destacó la necesidad de que las autoridades atiendan está problemática.
"En el informe relativo a la situación de los llamados grupos de autodefensa en el estado de Guerrero, se reiteró la preocupación por los peligros y riesgos que representa la existencia de estos grupos, particularmente la situación de inseguridad y violencia que se ha extendido de manera peligrosa en ese estado, el cual requiere de atención."
El ombudsman sostuvo que tal y como están operando, estos grupos están fuera de la ley.
No obstante, celebró la decisión de las autoridades federales de poner atención en Michoacán y en especial de comenzar un proceso de orientación de estos grupos hacia esquemas de legalidad.
Refirió que tanto en Guerrero como en Michoacán estos grupos tienen en común la pretensión de ejercer las labores de seguridad pública en sustitución de los órganos del Estado, ante el precario imperio de la ley.
Explicó que todo esto tiene como origen la fractura social y política no sólo derivada por añejas desigualdades, sino también por la desconfianza en las autoridades locales ante su capacidad para garantizar sus derechos fundamentales.
