CIUDAD DE MÉXICO. Las reformas constitucionales de 1994 obligaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a retomar el número de ministros establecido en la promulgación de la Carta Magna en 1917, al pasar de 21 a 11 ministros, además de que creó el Consejo de la Judicatura Federal y estableció que como máximo tribunal de justicia del país tenía que resolver los conflictos entre los tres poderes.
A partir de 1995, el Poder Judicial de la Federación sufrió una transformación muy destacada. Por un lado, la creación del Consejo de la Judicatura Federal con la misión de administrar a todo el Poder Judicial, con excepción de la propia Suprema Corte, para inspeccionar, vigilar y sancionar cualquier irregularidad cometida por magistrados y jueces; y otras funciones y relacionadas con ellos. Además, la reforma al artículo 105 Constitucional vino a fortalecer las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad.
El presidente de la Suprema Corte de Justicia es al mismo tiempo presidente del Consejo de la Judicatura Federal.
Desde 1994 a la fecha, la Suprema Corte de Justicia ha sido presidida por Ulises Schmill Ordóñez (1990-1994); José Vicente Aguinaco Alemán (1995-1999); Genaro David Góngora Pimentel (1999-2003); Mariano Azuela Güitrón, (2003-2007); Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia (2007-2010); y Juan Silva Meza, quien inició en enero de 2011 y concluye su gestión el miércoles, el último día de 2014.
Los ministros que se registraron el pasado 5 de diciembre para sucederlo son Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Jorge Pardo Rebolledo, de la Primera Sala; así como Margarita Luna Ramos, Fernando Franco y Luis María Aguilar, de la Segunda Sala.
El pasado 11 de diciembre, el presidente saliente de la Corte convocó a la sesión solemne del 2 de enero de 2015, que también marcará el inicio del primer periodo de sesiones del próximo año.
Si bien el pleno de la SCJN está integrado constitucionalmente por 11 ministros, el pasado 3 de diciembre falleció Sergio Valls, por lo que serán 10 los integrantes del pleno los que decidan quién será el nuevo presidente de la Corte.
Así, en la sesión solemne del 2 de enero se requerirán cuando menos seis votos, de un total de 10, para que el pleno decida quién será el nuevo presidente de la SCJN.
Luego de que los seis ministros se registraron el pasado 5 de diciembre, las plataformas de trabajo de cada uno de los aspirantes se difundieron en la página de Internet de la Suprema Corte.
En sus proyectos de trabajo, los seis ministros presentaron acciones para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial Federal, y para lograr la instrumentación de las reformas en materia de derechos humanos, la Ley de Amparo y el nuevo sistema de justicia penal.
ASUNTOS DE ALTA TRASCENDENCIA
En estos 20 años de vigencia de esta importante reforma Constitucional, la Suprema Corte de Justicia ha resuelto muchos casos relevantes.
El primero de ellos tuvo lugar el 7 de octubre de 1998, cuando el pleno de la SCJN resolvió una contradicción de tesis 31/98 entre diversos criterios sustentados por tribunales federales respecto del "anatocismo"; es decir, la acumulación y cobro de intereses sobre intereses por parte de los bancos. Una mayoría de ministros avaló el "anatocismo", cuya práctica beneficiaba a la banca frente a sus clientes. Hubo muchas críticas, inclusive dentro del Poder Judicial. El ministro Juventino Castro y Castro calificó la resolución como "un atraco a los ciudadanos".
Uno de los últimos casos polémicos fue la liberación de la ciudadana Florence Cassez, acusada de delincuencia organizada y secuestro, a la cual la Primera Sala le otorgó un amparo mediante el cual obtuvo su libertad, pues la Procuraduría General de la República y la Policía Federal violaron sus derechos al momento de su detención, además de que corrompieron el debido proceso.
Otro asunto sumamente relevante, fue el caso de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora, en torno al cual se llevó a cabo una investigación por violación grave de derechos fundamentales de 52 niños. El ministro ponente, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, propuso en su proyecto —sin alcanzar la aceptación de sus compañeros— castigo, entre otros funcionarios, al exdirector del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Juan Molinar Horcasitas, por considerar que tuvieron responsabilidad en el incendio que terminó con la vida de los niños en junio de 2009.
Un tema destacado que tuvo repercusiones internacionales fue el resolver el amparo del ex canciller y académico Jorge Castañeda quien, en 2005, aspiraba a ser candidato independiente a la Presidencia de la República en los comicios federales del año siguiente, situación que en ese momento no era factible, de acuerdo con la Constitución.
Aún se recuerda aquella sesión polémica en la que con una votación divida de siete votos contra cuatro, el pleno de ministros canceló las aspiraciones presidenciales de Jorge G. Castañeda.
¿Es procedente el juicio de amparo en contra de leyes y actos en materia electoral cuando se arguye la afectación de derechos políticos? Fue la pregunta que dejaron los ministros y que motivó una posterior reforma política.
El caso de la revisión de la llamada Ley Televisa en junio del 2007. En ese asunto, se revisó el diseño de transición tecnológica planteado por esta reforma legislativa (a la Ley Federal de Telecomunicaciones y a la Ley Federal de Radio y Televisión).
Otro asunto más fue el caso de los amparos de militares con VIH a quienes se les estaban negando los servicios médicos.
La violación a los derechos de la periodista y escritora Lydia Cacho Ribeiro, en donde se estableció que existió contubernio entre el gobernador de Puebla, la Procuraduría de Justicia y el Tribunal Superior de Justicia de ese misma entidad.
El caso relacionado con el aborto, con la reforma del Código Penal del Distrito Federal por parte de la Asamblea Legislativa que despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo durante las primeras doce semanas de gestación.
También, de manera muy reciente, la resolución sobre el cambio de identidad en personas transexuales y la rectificación de Acta de Nacimiento, que se resolvió el 6 de enero de 2009 y la liberación mediante amparos de los indígenas acusados de la matanza de Acteal, Chiapas, ocurrida el 22 de diciembre de 1997.
SESIONES PÚBLICAS Y POR TV
En 2006, inició sus transmisiones el canal de televisión de la Suprema Corte, el Canal Judicial, cuando era presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Azuela Güitrón, quien fue el principal promotor de esa novedosa plataforma que proyectó al máximo tribunal del país como uno de los más transparentes del mundo, ya que fue el primero en que sus sesiones públicas, a partir de la reforma, ahora fueran televisadas en vivo, sin cortes, ni ediciones, acercando la impartición de la justicia a los mexicanos y facilitando la labor de los medios informativos.
Con información de Notimex
