El Consejo de la Judicatura Federal confirmó que los amparos interpuestos por el exgobernador de Tamaulipas, Tomás Jesús Yarrington Ruvalcaba, fueron sobreseídos, por lo que podría ser detenido y procesado en cualquier momento.
Estos amparos fueron solicitados contra de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, contra la salud y contra la búsqueda y detención internacional por parte de la Interpol.
El juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en materia penal del DF, decretó el sobreseimiento del amparo indirecto 1298/2012-5, promovido por Tomás Yarrington Ruvalcaba, "por la inexistencia de los actos reclamados al juez Segundo de Distrito en materia de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas".
Asimismo, le negó también la protección de la justicia federal contra los actos del Ministerio Público Federal por haber emitido un oficio a la Interpol para que en 196 países sea buscado y detenido.
Desde mediados de 2012, Yarrington Ruvalcaba, tiene pendientes diversas órdenes de aprehensión por su probable responsabilidad en delitos contra la salud en su modalidad de protección y fomento en el tráfico de drogas.
Las acusaciones de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR señalan que el exgobernador de Tamaulipas, facilitó el tráfico de drogas de los cárteles del Golfo y Los Zetas hacia Estados Unidos.
La orden de aprehensión que se solicitó contra el exmandatario estatal tuvo su origen en el intercambio de información entre México y Estados Unidos.
En el 2012, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, formuló diversas acusaciones en contra de Yarrington Ruvalcaba y solicitó al gobierno mexicano su extradición, además de que le confiscaron diversas propiedades en los estados de Florida y Texas.
El juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en materia Penal en el DF también le negó el amparo contra los actos que reclamó del Juez Segundo de Distrito en materia de Procesos Penales Federales de Tamaulipas, por delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
