CIUDAD DE MÉXICO. La representación del PAN en la Cámara de Diputados demandó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que la Secretaría de la Función Pública (SFP) realice una exhaustiva investigación sobre la transparencia del procedimiento de la licitación otorgada a la empresa Impulsora de Servicios Terrestres, S.A. de C.V., que a partir del 1 de agosto brinda los servicios de telepeaje y de la tarjeta IAVE en las casetas operadas por Caminos y Puentes Federales (Capufe).
Por conducto del diputado Juan Pablo Adame Alemán, Acción Nacional advirtió que "está en duda el cumplimiento de las obligaciones fiscales de dicha empresa y Capufe no verificó, ni constató, aun cuando la SFP, a través de una testigo social, emitió una recomendación al respecto".
En un "Punto de Acuerdo" presentado en la Orden del Día de la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el legislador plantea que "en este procedimiento de contratación, no se atendieron las recomendaciones emitidas de la Testigo Social, a fin de asegurar la transparencia y apego a las disposiciones jurídicas; promoción de la calidad, eficacia e imparcialidad en los procedimientos de contratación; y en la garantía de igualdad de condiciones entre los participantes".
Además, señaló Adame Alemán, el cambio de empresa originó caos en casetas operadas por Capufe en las principales carreteras del país, sobre todo, agregó, en este periodo vacacional de verano en donde no existió una planeación adecuada para el cambio de dichas tarjetas de telepeaje y no se avisó a tiempo a los usuarios de las carreteras federales del país.
Asimismo, el legislador sostuvo: "Estamos frente a un posible caso de actos de corrupción que afectan la normalidad del servicio de las tarjetas de telepeaje en perjuicio de los mexicanos y ante el daño al patrimonio del Estado Mexicano".
Al respecto refirió que el compromiso número 85 del Pacto por México, asumido por el Presidente Enrique Peña Nieto y, hasta ahora incumplido, refiere que se creará un Sistema Nacional Contra la Corrupción que, mediante una reforma constitucional, establezca una Comisión Nacional y comisiones estatales con facultades de prevención, investigación, sanción administrativa y denuncia ante las autoridades competentes por actos de corrupción.
"Aún estamos esperando la iniciativa. Una vez más queda a la luz que al gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto no le interesa un combate frontal y efectivo en contra de la corrupción en la Administración Pública Federal sino por el contrario, beneficiar a sus allegados".
