CIUDAD DE MÉXICO. La Cámara de Diputados aprobó reformas legales para regular la figura de asilo político, que establecen que será la Secretaría de Relaciones Exteriores la instancia que notificará la decisión de conceder o no el asilo, y lo hará saber a la Secretaría de Gobernación, para que ésta expida el documento migratorio de conformidad con lo establecido en la Ley de Migración.
La reforma -que fue enviada al Ejecutivo para su publicación- establece que ambas secretarías, conjuntamente, promoverán y coordinarán acciones públicas, estrategias y programas orientados a la protección y asistencia de asilados, conforme a lo establecido en la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político y su reglamento respectivo.
Sostiene que "se deberá establecer en los reglamentos respectivos el procedimiento por medio del cual la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados atenderá y desahogará los casos a los que hacen referencia los artículos 35 Bis y 70 de la presente Ley".
En sus conclusiones refiere "la incorporación de un nuevo Título Séptimo, denominado 'Del Asilo Político', con seis capítulos, que regulan las siguientes figuras: I Principios; II, Del Otorgamiento de Asilo Político; III, Del Procedimiento de Otorgamiento de Asilo Político; IV, Del Retiro y Renuncia del Asilo Político".
Además, "V, De la Estancia en Territorio Nacional; VI, De la Asistencia Institucional"; VII, De los trámites previstos en la ley se precisa".
El dictamen de una minuta del Senado modifica la denominación de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, por Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, además de que reforma y adiciona diversas disposiciones para regular jurídicamente la figura de asilo político. También reforma los artículos 3, fracción III; y 55, segundo párrafo, de la Ley de Migración.
El dictamen -aprobado por 362 votos a favor, cero en contra y una abstención- surge de una iniciativa que el Ejecutivo federal envió en octubre de 2012 al Senado de la República y éste turnó la minuta a San Lázaro, en septiembre de 2013, ahora se turna de nuevo al Ejecutivo para su promulgación.
