El secretario de Hacienda, Edgar Amador, entregó el lunes en la noche, en ambas cámaras del Congreso de la Unión, el Paquete Económico 2026, el segundo de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero el primero elaborado completamente por su gobierno.
De acuerdo con la propuesta, el proyecto de presupuesto “refleja una visión clara de Estado: una política económica que acompaña el desarrollo productivo, que amplía derechos sociales y que lo hace con responsabilidad fiscal, estabilidad macroeconómica y prosperidad compartida”.
Entre las principales metas fiscales, el Paquete Económico estima que los Requerimientos Financieros del Sector Público, que son la medida más amplia del déficit fiscal y que cerraron el 2024 en 5.7 por ciento del PIB –el nivel más alto de los últimos 40 años–, se ubicarán en 4.3 por ciento al cierre de 2025, por encima del 3.9 por ciento aprobado.
Hacienda prevé que el llamado déficit público amplio se reduzca a 4.1 por ciento del PIB en 2026 y proyecta el nivel de la deuda pública en alrededor de 52.3 por ciento del PIB, tanto este año como el próximo.
“Estas cifras son consistentes con una política responsable que permite sostener la inversión productiva y los programas sociales esenciales, mientras se preserva la estabilidad macroeconómica y fiscal”, señaló el secretario Amador en el acto de entrega del Paquete Económico en la Cámara de Diputados.
Ayer, en entrevista para El Financiero con este reportero, el funcionario subrayó “que estamos seguros de que la estrategia de reducción y abatimiento de la pobreza de millones de familias mexicanas es la prioridad en el diseño y la ejecución del presupuesto, dentro de un marco de estabilidad fiscal y de una convergencia fiscal rumbo a niveles de sostenibilidad de la deuda pública”.
Amador dijo a quien esto escribe que “yo creo que es un balance público asequible, como ves en los números estamos previendo un déficit amplio de 4.1 por ciento y un déficit presupuestario de 3.6 por ciento (del PIB), lo cual va en línea con una convergencia hacia la estabilidad de la deuda”.
Recordó que el lunes “tuvimos de manera incidental, parecía coordinada, pero Standard & Poor’s confirmó la calificación del soberano y Moody’s mejoró la calificación de Pemex” en dos escalones.
En cuanto a las expectativas sobre el PIB, para 2025 se estima un rango de crecimiento para la economía mexicana que va de 0.5 a 1.5 por ciento anual. Esta proyección se recorta respecto al rango de 1.5 a 2.3 por ciento previsto en los Precriterios 2026, publicados a principios de abril.
Para 2026, el rango de crecimiento del PIB previsto en el Paquete Económico es de 1.8 a 2.8 por ciento anual, menor al de 1.5 a 2.5 por ciento contemplado en los Precriterios.
Aunque para efectos de las finanzas públicas se estima un crecimiento del PIB de 2.3 por ciento en 2026, “que servirá como ancla para la estimación de los ingresos presupuestarios y las necesidades de gasto público”, según el documento.
“Creo que el conjunto de variables que hicieron que en 2025 hayamos tenido un desempeño por debajo de las previsiones se va a resolver y podemos estar creciendo cerca del potencial, que podría estar fácilmente cerca del 2 por ciento, y tenemos una baja base de comparación, entonces estamos razonablemente optimistas de que podríamos llegar a una cifra cercana a eso, si bien, dado el conjunto de incertidumbres, tenemos un rango de 1.8 a 2.8 por ciento”, refrendó Amador en la entrevista.
La perspectiva de crecimiento económico para 2026 del consenso de analistas en la Encuesta Citi de Expectativas publicada el pasado 5 de septiembre es de 1.4 por ciento.
El rango de pronósticos de los analistas va de 0.5 por ciento, en el caso de BNP Paribas, a 2.0 por ciento, en el de Barclays.
Ninguna de las 40 instituciones encuestadas por Citi México a principios de mes anticipa una tasa de crecimiento por arriba de 2 por ciento el año entrante.
El riesgo de no alcanzar una tasa de crecimiento anual del PIB de 2 por ciento son las implicaciones sobre los ingresos públicos necesarios para financiar los programas de bienestar, el gasto social y los proyectos prioritarios de inversión de la presidenta Sheinbaum.
Por lo pronto, lo justo es darle el beneficio de la duda al secretario de Hacienda.