La primera elección de los integrantes del Poder Judicial de la Federación, en la que estuvieron en disputa 881 cargos federales, dejó más dudas que certezas sobre la gobernanza judicial.
Según lo que anunció el INE, la participación ciudadana fue de hasta 13.3 por ciento, lo que la convierte en la elección menos participada de los últimos años para un proceso electoral federal.
El porcentaje de los que apoyaron la elección de jueces, magistrados y ministros de la Corte fue ampliamente superado por el cerca de 87 por ciento de los que rechazaron el proceso electoral o manifestaron su preocupación por la independencia judicial y el Estado de derecho.
Banamex publicó el lunes una nota sobre la elección judicial, donde su directora de Análisis Político, Nydia Iglesias, estima que cerca de 10 por ciento de los electores habría definido a los nuevos juzgadores.
Sobre la votación, la experta electoral recuerda que algunas voces morenistas habían anticipado que la participación podría llegar a 24 por ciento.
“En términos legales, como elección federal, 13 por ciento de participación queda muy por debajo del 61 por ciento del 2024, o incluso del 45 por ciento de la intermedia legislativa del 2005”.
Al momento de hacer su análisis, que da un panorama certero de la jornada, el proceso y sus resultados, “se observa que 23 por ciento de los votos fueron anulados (11 por ciento), o dejaron ‘recuadros en blanco’ (12 por ciento), lo cual implica que los votos efectivos que decidirán el resultado representarán un porcentaje aún más bajo.
“Ello se compara con el sólo 2 a 3 por ciento de voto nulo promedio en elecciones federales recientes. Así, en esta elección, de los cerca de 13 millones que habrían votado, sólo cerca de 10 millones habrían emitido un voto sobre las personas que serán juzgadoras”, estima.
De acuerdo con el cómputo del INE, el total de personas que votaron por candidatas y candidatos a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es de 12.8 millones, lo que da como resultado una participación ciudadana de 12.9 por ciento.
En un posicionamiento sobre el proceso electoral, que calificó de “opaco”, el sector patronal del país aseguró que la escasa participación confirma que este modelo de elección no responde al interés ciudadano.
“La baja asistencia y el desinterés generalizado confirman una verdad incómoda: que esta elección no nació de una exigencia social, sino que proviene de una imposición política mal ejecutada, pero con serias repercusiones en nuestras instituciones y que permea en la inversión y confianza como país”, advirtió la Coparmex.
En este contexto interno, sumado a la incertidumbre externa por la imposición de aranceles, los indicadores de confianza empresarial que mide la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial del INEGI mantuvieron su debilidad en mayo pasado.
El Indicador Global de Opinión Empresarial de Confianza disminuyó 5.9 puntos respecto a mayo de 2024 y ligó 13 meses en contracción, además de que se ubicó en 48.7 puntos, sumando tres meses seguidos por debajo del umbral de 50, que refleja una expectativa pesimista.
Los cuatro sectores que integran el indicador mostraron caídas, pero el mayor pesimismo se registró en el sector comercio por el sesgo negativo en la percepción de las y los directivos empresariales sobre el momento adecuado para invertir.
La percepción de la opinión empresarial se corresponde con la que tienen los analistas del sector privado sobre el entorno económico del país.
Esto se sustenta en lo señalado por los especialistas en economía encuestados por el Banco de México a finales de mayo.
El porcentaje de los que consideran que el clima de los negocios en los próximos seis meses empeorará es de 37 por ciento.
La opinión intermedia, pero predominante, es el 49 por ciento de los especialistas que cree que el ambiente de los negocios permanecerá igual en la segunda mitad del año.
Sólo el 14 por ciento de los analistas piensa que el clima de los negocios va a mejorar en los próximos meses.
La elección judicial del domingo implica retos significativos para el marco legal del país, empezando por fortalecer el Estado de derecho y garantizar la certeza jurídica, paso esencial para generar un ambiente de confianza en México como destino de inversión.