Tal como se anticipaba, el Banco de México (Banxico) informó que entregará un ‘remanente de operación’ a la Secretaría de Hacienda, correspondiente al ejercicio fiscal de 2024.
Luego de la fuerte depreciación del peso mexicano frente al dólar en ese año, asociada a la alta volatilidad financiera, el banco central obtuvo una ganancia neta de 836 mil 767 millones de pesos, pero de ese monto destinó 737 mil 540 millones a la amortización de pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores.
De los 99 mil 227 millones de pesos que le quedaban, el Banxico aprobó incrementar el monto de su reserva de capital en 81 mil 232 millones de pesos.
De manera que el remanente de operación del ejercicio resultó de 17 mil 995 millones de pesos, monto equivalente al 0.1 por ciento del PIB, que quedó muy por debajo de los recursos anticipados por analistas de mercados y autoridades.
Esta es la primera vez desde el ejercicio 2016 que el banco central obtuvo un remanente de operación, que deberá ser entregado al gobierno federal a más tardar mañana, una vez constituidas las reservas previstas en la ley.
La gran diferencia con 2016 es que en ese año el remanente de operación del Banxico, entregado al gobierno en marzo de 2017, resultó de 321 mil 653 millones de pesos, casi 18 veces más grande.
“Nosotros creíamos que era más”, dijo ayer la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina al ser cuestionada del tema.
El gobierno se quedó durante siete años consecutivos sin este ingreso no recurrente, que en algunas ocasiones había sido un colchón de recursos para las finanzas públicas.
La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) establece un mecanismo para fortalecer la posición financiera del gobierno federal y reducir la deuda pública cuando se reciban ingresos extraordinarios por concepto del remanente de operación del Banxico.
El artículo 19 Bis de la LFPRH señala un destino específico a los recursos provenientes del remanente de operación:
Cuando menos, el 70 por ciento a la amortización de la deuda pública del gobierno federal contratada en ejercicios fiscales anteriores o a la reducción del monto de financiamiento necesario para cubrir el déficit presupuestario que, en su caso, haya sido aprobado para el ejercicio fiscal en que se entere el remanente, o bien, una combinación de ambos conceptos.
El resto, a fortalecer el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios o a incrementar activos que fortalezcan la posición financiera del gobierno federal.
En el caso del remanente de 17 mil 995 millones de pesos del ejercicio 2024, deberían destinarse al menos 12 mil 596 millones a disminuir la deuda y los restantes 5 mil 399 millones a fortalecer los fondos de estabilización.
De manera que el efecto sobre el déficit público, que cerró el 2024 en 5.7 por ciento del PIB y que Hacienda estima reducir a entre 3.9 y 4.0 por ciento del PIB este año, será prácticamente nulo.
Esto obliga al gobierno de la presidenta Sheinbaum a plantear un proceso creíble de consolidación fiscal para reducir el déficit público en el orden de 1.7 a 1.8 puntos del PIB durante el primer año de la administración.
Sobre todo frente a los riesgos de un menor crecimiento de la economía mexicana como resultado de la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos.
Para 2025, se estima una consolidación fiscal a partir de un menor gasto al ya no destinarse un presupuesto extraordinario a la inversión en grandes obras de infraestructura.
Entre los años 2000 y 2023, Hacienda recibió en sólo seis ocasiones remanentes del Banxico: en los ejercicios 2002, 2003, 2008, 2014, 2015 y 2016 por un monto total de 718 mil 117 millones de pesos.
Ahora se suma 2024 con 17 mil 995 millones para llegar a un monto de 736 mil 112 millones de pesos por concepto de remanentes en lo que va del milenio.
En 2025, las finanzas públicas no se verán afectadas, pues las estimaciones sobre los ingresos no contemplan el uso de recursos excedentes, como el remanente de operación del Banxico.
Pero al no haber un remanente abundante, las finanzas públicas no tendrán un amortiguador fiscal para hacer frente a los choques adversos que enfrenta la economía mexicana desde finales de enero.