En los últimos meses, el tema de los autos eléctricos se convirtió en un punto más de tensión y controversia en la relación comercial entre Estados Unidos y sus socios del T-MEC, México y Canadá.
A finales de octubre, la Embajada de México en Washington envió una carta a congresistas estadounidenses donde expresa su preocupación por una propuesta legislativa para otorgar incentivos fiscales a los consumidores que adquieran vehículos eléctricos producidos en EU.
El argumento del gobierno mexicano, al igual que del canadiense, es que con esa legislación, que aún está en discusión, habría un trato discriminatorio a los productores automotrices extranjeros y una posible violación de los acuerdos negociados y alcanzados en el T-MEC.
La legislación busca otorgar créditos fiscales a los consumidores estadounidenses que adquieran automóviles eléctricos ensamblados en ese país para acelerar la introducción de tecnologías sostenibles con fines ambientales.
El jueves pasado, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, fijó la postura del gobierno mexicano, donde advirtió que “México no se va a quedar de brazos cruzados” y tomará represalias comerciales si el Senado estadounidense aprueba la propuesta de incentivos fiscales.
De acuerdo con la funcionaria, México no dudará en defender sus intereses comerciales y, de ser necesario, se hará uso de todos los recursos de que se disponga.
Clouthier dijo que podrían aplicarse medidas de retaliación contra EU “porque no se vale que estemos jugando a somos socios cuando me conviene y cuando no, te aplico (acciones unilaterales) por la vía oscura, y digo oscura porque no se nota, porque estamos hablando que esta medida entraría en vigor en 2027″.
El pasado 10 de septiembre, el Comité de Medios y Procedimientos (W&M por sus siglas en inglés) de la Cámara de Representantes, celoso guardián de la agenda comercial de EU, publicó un borrador legislativo del paquete de ‘reconciliación presupuestaria’ 2021-2022.
Este incluye fondos presupuestales para un crédito fiscal para vehículos eléctricos que, de ser aprobado por ambas cámaras, sería violatorio del T-MEC e incluso de las reglas de la Organización Mundial del Comercio.
Actualmente, el gobierno de EU otorga un crédito fiscal para autos eléctricos de 4 mil dólares, el cual tiene un tope de beneficios a 200 mil vehículos y que Tesla y General Motors ya han agotado.
Según una nota de la Secretaría de Economía, el lenguaje presentado por W&M en el borrador legislativo sería discriminatorio para las importaciones de automóviles, incluidas las de México.
Además, a partir del 1 de enero de 2027, que es a lo que se refirió Clouthier, la totalidad del crédito fiscal –hasta 12 mil 500 dólares– sólo aplicaría a vehículos eléctricos que sean ensamblados en EU.
Eso generaría una desventaja significativa para las importaciones mexicanas, advierte Economía.
El programa de créditos fiscales expiraría el 31 de diciembre de 2031.
El pasado 19 de noviembre la iniciativa fue aprobada por la Cámara de Representantes y se espera que el próximo 13 de diciembre se vote en el Senado.
La controversia con EU sobre autos eléctricos no es un hecho aislado, pues se suma a la aplicación e interpretación más estricta de las reglas de origen para la industria automotriz contenidas en el T-MEC por parte de la administración Biden.
México solicitó realizar consultas formales con sus contrapartes de EU para tener claridad de cómo deben interpretarse las reglas de origen para los productores de autos ligeros y vehículos pesados.
La propuesta de crédito fiscal a coches eléctricos y la interpretación de la regla de origen automotriz son pasos muy firmes de EU para tomar decisiones unilaterales en detrimento de sus socios del T-MEC.
Con medidas de ese tipo no podrá fortalecerse la integración ni fomentarse la competitividad en América del Norte, como lo comprometieron los líderes de la región en la reciente cumbre de Washington, donde declararon que “somos más que socios comerciales”.
Pero eso también aplica para México con la iniciativa presidencial de reforma constitucional en materia energética, principalmente enfocada en la industria eléctrica, que contraviene el T-MEC y busca dar un trato preferencial a la CFE.