La revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC), obligatoria en 2026 según su “cláusula “sunset” (artículo 34.7), ya está en marcha. México abrió el 17 de septiembre un proceso de consulta pública publicado en el Diario Oficial de la Federación que estará abierto durante 60 días para que ciudadanos, empresas y organizaciones presenten observaciones. En paralelo, Estados Unidos convocó a comentarios escritos hasta el 3 de noviembre y a una audiencia pública el 17 de noviembre en Washington, mientras Canadá lanzó su propio proceso el 19 de septiembre. El resultado de estas deliberaciones definirá si el tratado se extiende hasta 2042 o si, de no haber acuerdo, entra en un régimen de revisiones anuales hasta su eventual expiración en 2036.
Desde su entrada en vigor, el TMEC ha sido la columna vertebral de la economía mexicana desde su entrada en vigor. Más del 60% del comercio exterior nacional se mueve bajo sus disposiciones y alrededor del 80% de nuestras exportaciones tienen como destino Estados Unidos. Para el norte y el bajío, profundamente industrializados, este tratado es parte de la vida diaria. En cambio, el sureste ha permanecido al margen, con una participación menor al 10% del PIB nacional y menos del 1% de las exportaciones mexicanas. La revisión que hoy comienza es, por tanto, una oportunidad histórica: por primera vez, el sur puede colocarse en el centro de la estrategia productiva de Norteamérica.
Las consultas públicas serán decisivas, pues en ellas se definen las prioridades nacionales de negociación. En Estados Unidos, los temas de mayor presión son las reglas de origen automotrices, el cumplimiento ambiental y laboral, la regulación de empresas estatales y la reducción de la dependencia con Asia en cadenas estratégicas como semiconductores, minerales críticos y dispositivos médicos. En México, la sensibilidad se concentra en la soberanía energética, el papel de PEMEX y la CFE, y la necesidad de mantener espacios de política industrial. Para Yucatán, estas discusiones adquieren un matiz particular: la apuesta por el Plan del Renacimiento Maya impulsada por el Gobernador Joaquín Díaz Mena y respaldada por la Presidenta Claudia Sheinbaum para el desarrollo logístico y sostenible del estado es a la vez un desafío y una oportunidad, pues las inversiones que el país logre orientar hacia energías limpias, modernización portuaria y conectividad ferroviaria pueden transformar a la península en un nodo competitivo de la economía continental.
En este contexto, la región tiene ventajas claras. El Puerto de Progreso se encuentra en proceso de modernización, lo que abre la puerta a hacer más competitivo el comercio directo con la costa este de Estados Unidos, donde se concentra buena parte del consumo y la manufactura avanzada norteamericana. La integración ferroviaria con el Tren Maya puede consolidar un corredor intermodal capaz de reducir costos logísticos que hoy encarecen nuestras exportaciones hasta en un 30%. Además, Yucatán es ya un jugador relevante en sectores prioritarios para Washington, como dispositivos médicos, y cuenta con un ecosistema en expansión de empresas de tecnologías limpias, aeroespaciales y de software.
Al mismo tiempo, el estado pretende convertirse en líder en generación de energía renovable: más de un tercio de la capacidad instalada proviene de parques solares y eólicos. Si México logra que las exigencias ambientales del TMEC se conviertan en palanca para canalizar financiamiento internacional hacia energías limpias, Yucatán podría transformarse en el laboratorio verde del país, garantizando a los inversionistas lo que más valoran: certidumbre regulatoria y sostenibilidad de largo plazo.
Los riesgos también son evidentes. Si las negociaciones se endurecen y Estados Unidos condiciona el acceso a su mercado a cambios profundos en política energética o en subsidios industriales, México podría verse obligado a ceder terreno que limite su margen de maniobra. Para Yucatán, esto significaría que las inversiones estratégicas dependan no sólo de nuestras capacidades locales, sino de un delicado equilibrio geopolítico. Otra amenaza es la posible inestabilidad del propio tratado: si en 2026 no se logra extender el TMEC hasta 2042, entraríamos en un ciclo de revisiones anuales que generaría incertidumbre e inhibiría nuevas inversiones, golpeando especialmente a regiones emergentes como el sureste.
Lo que sigue es un proceso de negociación intenso y prolongado. Primero se recogerán las opiniones del sector privado, de los gobiernos estatales, de la academia y de la sociedad civil. Luego, hacia mediados de 2026, se dará la revisión conjunta entre los tres países. El resultado marcará si el tratado se prolonga y fortalece, o si entra en un terreno de dudas y fragilidad. Para Yucatán, este es el momento de posicionar una agenda clara: consolidar al Puerto de Progreso como la puerta de entrada logística de la península, aprovechar el Tren Maya como corredor industrial, convertir nuestra capacidad renovable en ventaja comparativa y asegurar que el Renacimiento Maya en Yucatán no sea sólo un proyecto local, sino una pieza estratégica en la integración de Norteamérica.
