Entre 2018 y 2024, México logró uno de los mayores avances sociales de su historia contemporánea: más de 13.4 millones de personas salieron de la pobreza multidimensional, de acuerdo con los datos oficiales más recientes del INEGI. La pobreza bajó de 41.9 % a 29.6 %, mientras que la pobreza extrema se redujo de 9 millones a 7 millones de personas. Es una transformación, sin duda, estructural. Un dato más revelador: 8.3 millones de personas dejaron la pobreza entre 2022 y 2024, en plena pospandemia y bajo un entorno global de inflación y fragmentación comercial.
Esto no es una reducción marginal. Es un salto de desarrollo. México logró lo que economías emergentes como Brasil, India o Sudáfrica no han conseguido sostener con estabilidad: una reducción integral, acelerada y transversal de los indicadores de pobreza, sin comprometer la estabilidad macroeconómica ni recurrir a endeudamiento expansivo. Según el Banco Mundial, ningún otro país de la OCDE ha mostrado una caída tan pronunciada y sostenida de la pobreza multidimensional en tan poco tiempo.
A nivel nacional, este avance se explica por una doble estrategia combinada: política social directa para garantizar bienestar básico, y una política territorial basada en infraestructura, conectividad e integración económica. Las transferencias monetarias ampliaron el piso de protección. Pero fueron las inversiones en trenes, puertos, caminos, energía y manufactura regional las que permitieron generar capacidades productivas reales en zonas históricamente rezagadas.
El gran desafío es mantener esta tendencia. Y la clave está en dar continuidad con profundidad estratégica. La presidenta Claudia Sheinbaum ha asumido este reto con una visión clara: consolidar lo logrado en el sexenio anterior, pero transitar de la fase de contención social a una etapa de desarrollo regional estructurado. Se trata de pasar de la asistencia a la productividad, del gasto social a la inversión territorial, de los programas universales a la infraestructura selectiva que activa economías locales.
En ese tránsito, Yucatán se ha convertido en un caso ejemplar. Bajo el liderazgo del gobernador Joaquín Díaz Mena, el estado ha adoptado con fidelidad y visión estratégica el modelo territorial propuesto por el gobierno de México. El Renacimiento Maya, lejos de ser un eslogan, es una política pública estructurada, con metas precisas, cronogramas definidos e infraestructura estratégica en marcha. Es la expresión local de una visión nacional: desarrollo con justicia territorial.
El Renacimiento Maya, impulsado por el gobernador Joaquín Díaz Mena, representa una de las estrategias de desarrollo regional más completas y ambiciosas en el México contemporáneo. No es un programa aislado ni una suma de obras: es una arquitectura territorial coherente que combina inversión en infraestructura logística, modernización del agro, desarrollo energético, conectividad ferroviaria, polos de bienestar y expansión industrial. Su lógica es clara: activar capacidades productivas en el territorio, desde el territorio. Vincular al pequeño productor con los grandes corredores económicos. Yucatán, a menos de un año de esta administración, ya cuenta con múltiples frentes de ejecución que lo prueban: puertos, trenes, inversión en educación técnica, agroindustria, empleo formal.
En un estado donde más del 95 % de la pobreza se concentra en municipios rurales desconectados, integrar territorio es transformar realidades. No se trata sólo de mover mercancías más rápido o reducir costos logísticos: se trata de llevar desarrollo donde nunca llegó. La política territorial no sustituye a la política social, la expande. Y en Yucatán, esa expansión tiene nombre y método. El Renacimiento Maya se está consolidando como una política que no administra pobreza: la combate con inversión, con visión, y con territorio.
El sexenio del presidente López Obrador deja una evidencia irrefutable: México sí puede reducir la pobreza de forma masiva, sostenible y con base en políticas públicas estructuradas. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene hoy la oportunidad histórica de consolidar ese camino, profundizando la transición de una política social a una política territorial de desarrollo. En ese esfuerzo, Yucatán puede ser el referente nacional de cómo escalar un modelo federal a escala estatal, con continuidad institucional, visión técnica y compromiso con la justicia económica. El éxito estará en avanzar y replicar con decisión por el camino que ya demostró resultados.
