En una coyuntura internacional marcada por la incertidumbre comercial, la fragmentación geoeconómica y la reconfiguración de cadenas de suministro, México tiene una ventaja estructural que pocos países pueden reclamar: su posición geográfica estratégica, su escala manufacturera, y una frontera de 3,145 kilómetros con la economía más grande del mundo. Pero esa ventaja, por sí sola, no genera desarrollo. Requiere ser activada con visión de Estado, infraestructura transformadora y coordinación territorial.
La constante amenaza arancelaria desde Estados Unidos de América y el entorno volátil del comercio global no son una excepción, sino la nueva regla del juego. En ese contexto, apostar por infraestructura de competitividad ya no es una opción: es una necesidad de supervivencia y de soberanía económica.
Hoy, los países que lideran la economía global no son solo los que producen, sino los que mueven con eficiencia. Quién domina los puertos, los corredores logísticos, la energía intermodal y los sistemas integrados de transporte, domina también los flujos de capital, datos, información y comercio. México debe entender que su inserción en la economía del siglo XXI no dependerá exclusivamente de tratados internacionales, sino de la capacidad de movilizar mercancías, talento y energía a gran escala.
En ese marco, la infraestructura no es técnica: es estratégica. Su función ya no es solo conectar regiones, sino blindar al país frente a la incertidumbre externa, reducir vulnerabilidades logísticas, y consolidar autonomía productiva. Por ello, la política de infraestructura que se articula desde el gobierno de México con la visión de la Presidenta Claudia Sheimbaum Pardo es el componente central de una política exterior económica a la altura de las circunstancias. Lo que está en juego no es únicamente el crecimiento del PIB: es la redefinición del papel de México en el sistema internacional.
Y en esa redefinición, el sureste mexicano se ha convertido en un nuevo polo geopolítico. La apuesta por el Istmo, el Tren Maya, los polos de desarrollo industrial, y en particular la modernización portuaria, están reposicionando al sur como una plataforma de desarrollo nacional con vocación global.
Uno de los casos más paradigmáticos es el de Yucatán con el proyecto Renacimiento Maya, que bajo el liderazgo de Joaquín Díaz Mena y en coordinación estratégica con el gobierno de México, ha acelerado la construcción de una infraestructura logística de última generación. El Puerto de Altura de Progreso, cuya ampliación y modernización que triplicará su tamaño y capacidad está en marcha, con una inversión superior a los 12,000 millones de pesos, se perfila como un nuevo nodo clave en el mapa marítimo y comercial del país.
La obra será ejecutada en tres fases hasta 2028, integrando una visión territorial con estándares técnicos internacionales. Y se licitó de forma transparente en un concurso global donde participaron firmas las empresas líderes mundiales en dragado, fallando por la propuesta más competitiva. Esta intervención no solo ampliará la capacidad operativa del puerto, sino que permitirá recibir embarcaciones de gran calado, reducir costos logísticos, y articular un corredor eficiente con el nuevo Tren Maya de carga que ya también está en construcción en el estado.
Pero más allá de lo operativo, esta infraestructura es una señal política de Estado: México no esperará pasivamente los movimientos de Washington o de los mercados. México está construyendo su propia ecuación de soberanía, productividad y conectividad.
La conclusión es clara: en un mundo donde las cadenas se acortan, las potencias se protegen y la estabilidad es efímera, la única estrategia de largo plazo viable es construir infraestructura nacional con visión de país. No se trata solo de hacer obras, sino de crear condiciones estructurales para que México no sea rehén de las coyunturas, sino protagonista de su propio destino.
En ese esfuerzo, Yucatán está marcando el rumbo.
