“La democracia está en peligro” es una frase constante en estos meses, palabras que se escuchan y llenan ríos de tinta. Son un llamado a reaccionar ante el acecho gubernamental, como salir a la calle en protesta o, en días más recientes, a votar (o no votar). Voces de alarma que advierten sobre la regresión a un México autoritario que se creía olvidado. El problema no es que sean gritos alarmistas, es que se quedan cortos. La democracia en México no agoniza, es un cadáver putrefacto cuya vista horroriza y cuyo olor asquea.
Ante la muerte una reacción inicial, y entendible, es la negación. Con mayor razón cuando se trata de algo tan intangible. No hay una máquina que muestre que cesaron los latidos de una democracia. La gran mayoría de aquellos que claman por defenderla lo hacen con sinceridad, con la genuina convicción de que queda vida en el cuerpo de la República y que es imperativo actuar para evitar un destino fatal. Se resisten a lo evidente y prefieren creer que no es cierto, que de alguna manera puede preservarse ese país de décadas recientes con una democracia imperfecta, como tantas, pero vibrante.
La realidad es que México es tan democrático en 2025 como lo era en 1935, 1955 o 1980. Esto es, de nombre y con acciones aparentemente democráticas, destacadamente elecciones que se realizan a intervalos preestablecidos y en que la ciudadanía emite su voto en aparente libertad y transparencia. Nada de dictadores gorilescos como aquellos que presidieron tantos países de América Latina; México tenía presidentes que se sucedían en transiciones pacíficas cada seis años. Eso sí, el detalle, del mismo partido. Pero la sagrada prescripción constitucional de no reelección evitaba que se repitieran las mismas personas. Cada seis años estas cambiaban implicando caras y políticas diferentes, pero al mismo tiempo permitiendo que el régimen siguiera igual.
El sistema mexicano era, por ello, un epítome de gatopardismo político, dejando a muchos estudiosos rascándose la cabeza tratando de clasificarlo. Daniel Cosío Villegas magistralmente lo sintetizó como una monarquía sexenal hereditaria en línea transversal. Mario Vargas Llosa hizo una descripción menos teórica pero más potente desde una perspectiva mediática, denominando a México como la dictadura perfecta, esto es, perfectamente camuflajeada.
La ironía es que el asesinato de la democracia mexicana fue a plena luz del día, con los pasos a dar anunciados prácticamente en cadena nacional y con meses de anticipación por Andrés Manuel López Obrador (5 de febrero de 2024, el llamado “Plan C”). Como cómplices estuvieron el nuevo INE y Trife cuatroteros, aprobando la sobrerepresentación legislativa a favor de Morena y satélites, construyéndose una mayoría aplastante comprando unos votos adicionales de la oposición. El demagogo tabasqueño se dio el placer de las primeras puñaladas con todo el rencor que acumuló por años contra la oposición y jueces. Su sucesora y subordinada ejecutó los siguientes golpes siguiendo las instrucciones heredadas. El circo de la elección judicial simplemente fue una apostilla más en el certificado de defunción.
Queda poco por hacer de acuerdo con la hoja de ruta del tabasqueño: acabar por destruir al INE y al Trife y desmontar el andamiaje electoral, reduciendo o eliminando los legisladores de representación proporcional. Pero serán clavos en un ataúd ya armado. Para los ingenuos o ilusos, escribir mil planas: “México no es democracia”.