“El Estado es aquella comunidad humana que, dentro de un determinado territorio,< el territorio es un elemento distintivo > reclama para sí (con éxito) el monopolio de la violencia física legítima. Pues lo específico de nuestro tiempo es que a todas las otras asociaciones o individuos sólo se les concede el derecho a la violencia física en la medida en que el Estado, por su parte, lo permita: él es la única fuente del <derecho > a la violencia física”, definió en 1919 en una conferencia sobre La política como profesión, Max Weber.
Esta definición, según el Estado conserva para sí el monopolio de la violencia física legítima es un pilar fundamental no solo para la edificación sino sobre todo para la sobrevivencia del Estado, y lo es también para cuando hablamos sobre la existencia o no de un verdadero Estado de Derecho. Es muy importante ahora más que nunca traer a colación estos antecedentes para nuestro país porque sin duda hace un buen rato que el Estado mexicano NO tiene el monopolio de la violencia física legítima en una gran parte del territorio nacional, con mayor o menor grado esto es así y es por supuesto en detrimento de los derechos y libertades de las personas y de las familias. La pregunta que muchos se hacen es: ¿ en qué nivel de Estado fallido estamos?
Cundo en todo el territorio nacional las diferentes organizaciones criminales no solo cultivan, producen y trafican drogas, sino que además con la violencia imponen su poder cobrando “derechos de piso” realizan extorsiones, imponen precios de productos básicos en los mercados locales o de los materiales de construcción; cuando son los que solo venden bebidas alcohólicas o controlan las ferias o los espectáculos y un largo etcétera, con el conocimiento de la población de quienes son sin que se vea el actuar o la protección de la autoridad legal a favor de las quejas y denuncias de los ciudadanos es cuando se percibe con mayor claridad la ausencia del Estado.
No se trata de un problema reciente, pero es hoy cuando la ingobernabilidad parece asomarse con mayor intensidad debido a la corrupción que autoridades de los tres niveles de gobierno mantienen con los criminales y cuando con asesinatos como el del alcalde de Uruapan, cimbran a la nación y enardecen a la sociedad, elevando el hartazgo y la rabia social contenida ya por muchos años.
Además hemos llegando a un punto de cooptación política del Estado por parte de un grupo que no asume las responsabilidades constitucionales establecidas por ejemplo de quien debe de ser y parecer (comportarse) como Jefe o jefa del Estado mexicano, para realmente actuar como jefes políticos de un partido político y que lejos de asumir sus responsabilidades frente a los reclamos de seguridad para los mexicanos en cada ocasión responden con los estribillos propagandísticos ya desgastados de echarle la culpa a servidores públicos pasados o a una abstracta “derecha” a la que señalan de todos los males y asumir un rol de victimización que cada día genera más irritación social.
La captura del Estado por esta camarilla que encabeza en términos reales su líder Andrés Manuel López Obrador y replica la actual presidenta ha generado la mayor violencia e inseguridad en el México pos revolucionario, pero además han demostrado una incapacidad absoluta para dinamizar la economía, manteniéndola estancada desde hace ya siete años. La destrucción del poder judicial con sus jueces de “acordeón” amenaza el ya de por sí frágil Estado de Derecho, y pone en entredicho la seguridad jurídica que buscan los inversionistas nacionales y extranjeros. No olvidemos que el Tratado comercial pende de un hilo. El gobierno responde con propaganda cuando lo que la sociedad está exigiendo acciones concretas para su seguridad y vislumbrar un porvenir mejor. Hoy más que nunca, existe la sensación de que se estamos descendiendo al caos.