El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado el 1 de noviembre.
¿Quién ordenó la muerte de Carlos Manzo y qué motivó a los autores intelectuales del crimen?, son las grandes interrogantes que sobrevolaron las marchas este fin de semana. El obradorismo, muy a la zaga de esa demanda de justicia.
Porque 17 días después no hay relato oficial de la ejecución que cimbró a México; tampoco la FGR atrajo el caso, el Congreso de la Unión no dará seguimiento y, si alguna consecuencia se puede destacar, es que el gobernador de Michoacán ya no maneja su policía.
La muerte de Manzo ha convulsionado a la administración de Claudia Sheinbaum. El asesinato del edil fue respondido por la presidenta con denuestos a críticos y opositores, con la improvisación de un plan para “la paz con justicia” en Michoacán y con más polarización.
Sheinbaum, es cierto, recibió a la viuda del edil que demandó apoyo sin ser atendido. Mas la visita de Grecia Quiroz no acabó bien. Su rostro al salir de Palacio Nacional fue elocuente y la sucesora de Manzo en la alcaldía confirmaría que no fue a “doblar las manos”.
Al cumplirse casi tres semanas de esa ejecución, lo firme es: un gobierno autoexculpándose (el general secretario Ricardo Trevilla no precisó investigación independiente para decir que la Guardia Nacional no falló al cuidar al asesinado); un nuevo encargo para Omar García Harfuch, que ya puso a un hombre de confianza al frente de la Secretaría de Seguridad michoacana, por lo que lo menos esperable sería investigar la actuación de ese cuerpo policiaco antes y después de la muerte del edil; lo endeble de una política pública que evitaría que los jóvenes se sumen al crimen: dos de los involucrados eran menores de edad y ahora están muertos, y una crispación social igual o mayor a la que siguió al crimen por lo mal que reacciona Claudia bajo presión (¿dónde quedó la cabeza fría?).
Porque, como pasa con otras crisis, la ejecución de Manzo ha desatado problemas que apenas si estaban contenidos.
Para empezar, crecen las sospechas que hay sobre el gobernador de Michoacán, surgido de un proceso electoral (2021) donde se denunció que criminales operaron a favor de Morena, y encima se revela un informe que tendría Harfuch sobre malos pasos de Ramírez Bedolla (Raymundo Riva Palacio, EL FINANCIERO, 11/11/25).
Y se enrarece el escenario electoral: por prematuro que suene, las tribus morenistas se mueven tanto para debilitarse entre sí, como para endurecerse en su intento de impedir que crezca la oposición, partidista o ciudadana, a un régimen que desoyó a Manzo.
Finalmente, está la actuación de policías en la Ciudad de México, en Morelia y en Jalisco, tres lugares donde los gobernantes se dan el lujo de abusos en contra de manifestantes y de periodistas que cubren las marchas y protestas. Nace la nueva “disolución social”: la fiscalía de la CDMX quiere acusar a los detenidos de intento de homicidio.
“Pedí a la fiscal de la Ciudad de México que es muy importante que se investigue: ¿quiénes son estos grupos?, ¿por qué esta violencia?, ¿están pagados?”, dijo la presidenta Sheinbaum ayer en la mañanera sobre lo ocurrido el sábado en el Zócalo. Una petición muy propia de los años 80, cuando la fiscalía capitalina era un apéndice de la Presidencia.
El gobierno, en cambio, insiste en que hablemos del supuesto segundo tirador en contra de Luis Donaldo Colosio en 1994. Claro, la muerte de Manzo desnuda la volatilidad actual, por eso Sheinbaum prefiere revivir un espantapájaros del pasado.