Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, informó la madrugada del domingo que, al igual que a su esposo, las autoridades de Estados Unidos le habían revocado la visa.
Si fuéramos un país normal, que a la gobernadora de BC le quiten la visa estadounidense supondría una crisis política nacional.
No somos un país normal, ni estamos en un momento cualquiera, por lo que este nuevo escándalo podría terminar por disiparse en sólo unos días.
Porque para el gobierno, la prioridad es el Plan C. Lo fundamental es llevar a cabo el desmontaje de las instituciones heredadas en 2018. Por ello, el régimen apura la reforma de telecomunicaciones y opera la captura vía las urnas del Poder Judicial.
La noticia de una gobernadora a la que sus poderosos vecinos le han perdido la confianza, que no puede operar desde el suelo de Estados Unidos materias binacionales, que cotidianamente son parte de su mandato, será marginal en la agenda pública de Claudia Sheinbaum.
Para la presidenta, lo único importante es la fachada de control absoluto: el dominio de la conversación mediante diatribas contra la oposición y ofertas mediáticas de que el bienestar nacional no corre riesgo alguno.
En un país normal, la cancelación así de una visa obligaría al gobierno a entrar a un proceso de reflexión, tan profundo como expedito, sobre las repercusiones prácticas y políticas de esa medida, tanto en otras negociaciones con Washington como en la imagen del régimen.
Morena y Palacio actuarán con una proverbial evasión. Por estrategia, arroparán a Marina del Pilar: más que unas reformas legales, el Plan C busca soldar el control del aparato político: no permitirán que una crisis entorpezca esa consolidación.
Una semana después de leída la carta de Sheinbaum en el Consejo Nacional de Morena, el balance sobre ese documento es obvio: la misiva, asumida en sus términos, es una pantalla del deber ser con el que quieren ocultar cómo hacen salchichas en la cocina obradorista.
De ahí que para el grupo en el poder no hay inconsistencia alguna entre lo escrito por la mandataria, y que días después se incorporen al partido opositores famosos por su oscuro proceder, e incluso por haber proferido en el pasado groserías en contra de la presidenta.
Y frente a quejas de representantes de la militancia, así como de voceros oficiosos, por la incorporación de cuadros como Adrián Rubalcava, la respuesta de la presidenta y del partido es que nada es más importante que la unidad. Ni la congruencia con los principios, a los que supedita por pragmatismo. Si así defienden a los recién llegados, máxime con Marina del Pilar.
Si fuéramos un país normal, frente a cada escándalo se abriría para la oposición la posibilidad de arrancar al gobierno concesiones a fin de mantener legitimidad. Morena, que no pretende un México democráticamente normal, ni chistará porque a una gobernadora le quiten su visa; ni a dos, ni a cinco...
Son capaces de revestir la medida con tintes de epopeya frente al impetuoso Donald Trump. El problema con esa cerrazón es que el gobierno sacrifica gobernabilidad a fin de mostrarse imperturbable.
Palacio niega todos los problemas, al cabo que las víctimas de los mismos, quienes —por ejemplo— no reciben medicamentos o sobreviven bajo las balas con un gobierno de estadísticas “exitosas”, no están en el partido, están en la ciudadanía.
Si fuéramos un país normal, ni Cuauhtémoc Blanco sería diputado, ni Rubén Rocha seguiría cobrando en Sinaloa, ni Marina del Pilar podría quedarse en el cargo de gobernadora mientras no se aclarara su situación. Pero no lo somos. Nadita.