A lo de Teuchitlán, Jalisco, no se le debe llamar campo de entrenamiento. Se trata, sin más, de una finca para el exterminio de jóvenes, y de un doloroso recordatorio del enorme reto de la presidenta Claudia Sheinbaum en cuanto a la violencia.
Desde octubre, el gobierno de la República aplica una nueva estrategia para combatir la inseguridad. En Sinaloa, pero también en otras entidades, se desplegaron fuerzas para detener presuntos criminales y decomisarles armamento, dinero y sustancias prohibidas.
La Presidencia de la República destaca que en menos de un semestre los homicidios dolosos bajan a ritmo de dos dígitos. A reserva de que tal tendencia se consolide, es de reconocer que se ha desvanecido la noción de tolerancia a los criminales por parte de la Federación.
¿Y alguien duda de que la imagen de la presidenta Sheinbaum se ha fortalecido a partir de que, en medio de su complicadísima negociación con Donald Trump, su gobierno decidiera expatriar a 29 personas ligadas a grandes cárteles criminales? Golpes, más golpes y decisión.
En parte por lo anterior, la presidenta tiene momentum: proyecta un liderazgo que es reconocido internacionalmente, captura simpatías incluso fuera de la masa votante de Morena y es vista como alguien que se ha crecido en medio del vendaval que representa Trump.
Esa fuerza es la mejor noticia en el complejo panorama. Mas la estrategia de “cabeza fría” debe conjurar el canto de las sirenas, y ha de evitar que en Palacio Nacional se instale el triunfalismo por buenos resultados, que en seguridad son muy, muy prematuros.
Antes del arribo de la retórica trumpista al respecto, la delincuencia ya era una amenaza para la viabilidad de México. Que ahora se le combata abre la esperanza de un cambio de rumbo, pero Teuchitlán nos estrella en la cara el infierno que es buena parte de la República.
Porque esos infiernos campean. Ayer en La Jornada se describía a otro de esta manera: “En Guerrero, la mayor amenaza se cierne en las ciudades y comunidades con las organizaciones criminales que se expanden sin restricción alguna en las ocho regiones del estado”, publicó Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
“Las comunidades indígenas abandonadas a su suerte brindaron su apoyo a los candidatos palomeados por las organizaciones delincuenciales, a cambio del rastreo de caminos, apoyos económicos para sus fiestas patronales y la compra de votos. El vacío gubernamental lo cubren los jefes de las plazas que administran los recursos de los ayuntamientos. Sus empresas se encargan de la obra pública, que además de monopolizar los recursos, se granjean la confianza de las comunidades al construirles algún salón de clases o una casa de salud”, sostuvo el activista.
¿Sorprende ese panorama? No, realmente, y ese es el problema: se sabe de tiempo atrás que, como sostiene el autor, la endémica ausencia de gobiernos honestos y diligentes, en Guerrero y otros estados, ha producido la perversidad de que hoy los criminales se asuman interlocutores políticos.
La agenda de Omar García Harfuch es apenas el primer paso de un intento por recuperar los territorios. Porque lo de Teuchitlán no pudo ocurrir sin que autoridades locales, estatales y federales voltearan a otra parte. Y esos crímenes están impunes y sus autores, activos.
Claudia Sheinbaum tiene el capital político para desmembrar las alianzas entre criminales y políticos, y para hacer justicia a víctimas de varios sexenios, incluido el anterior.
No será fácil: enfrentará resistencias de propios y extraños. Pero no hay alternativa. De no hacerlo, sus resultados anticrimen serán magros, la amenaza de los criminales crecerá y la sospecha de Washington sobre un narcogobierno le costará, sobre todo, a ella.