Como jefa de gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum provocó en 2019 un frenón inmobiliario. Llegó la pandemia y la capital aún paga el “error de Claudia”: no se construye vivienda suficiente. Como nadie aprende en cabeza ajena, estamos a nada del “error de Clara”.
Clara Brugada hizo publicar en la Gaceta de la Ciudad de México del 27 de diciembre (poco le faltó para hacerlo el merito 28, día de los inocentes) un nuevo trámite para que las y los dueños de 75 mil propiedades “se caigan” con información de sus inmuebles.
Hay dudas de los verdaderos alcances, pero lo que se sabe es esto:
A partir del 18 de febrero, todas las propiedades con valor catastral (catastral, no comercial) de 4 millones 554 mil 974 pesos con 39 centavos o más serán sujetas a una:
“Declaración informativa que presenten los contribuyentes obligados al pago del impuesto predial, ante la Secretaría de Administración y Finanzas, respecto del estado que guardan los inmuebles destinados a uso habitacional, cuya propiedad o posesión actualice el pago del referido tributo”.
Es decir, los ricos (porque las propiedades de ese valor no cualquiera las puede obtener) tendrán que rellenar un formato que diga:
1) Si el inmueble se encuentra ocupado…
2) Si lo ocupa el “propietario”, o “familiares”, o “amigos”, o está “prestado”, “arrendado” u “otro estatus” (sic).
La autoridad dice que no será obligatorio responder. Salvo un pequeño detalle: sí será obligatorio rellenar los renglones de propietario (CURP incluido) y propiedad (cuenta predial incluida), y asentar la “causa o motivo” del porqué la negativa a compartir la información al gobierno.
Ya casi llego a las preguntas, no se desesperen.
En resumen, el Gobierno de la Ciudad de México quiere que algunos propietarios (dice La Jornada que son 3% de las 2.5 millones de cuentas catastrales de la capital) le declaren a Finanzas en qué usan su(s) casa(s)… o por qué no quieren informar al respecto.
Preguntas:
-¿Por qué, si el formato se supone que es para fines “estadísticos”, en la regla número uno de esta medida la Secretaría de Finanzas asienta que es información “respecto del estado que guardan los inmuebles destinados a uso habitacional, cuya propiedad o posesión actualice el pago del referido tributo”? (negritas mías).
-¿No hay una contradicción implícita cuando la autoridad, en la propia gaceta, dice que van por la información de inmuebles de ese valor “por una actualización menor en los registros catastrales frente al universo de los contribuyentes obligados al pago del impuesto predial y por ser en dichos inmuebles donde se presenta el mayor cambio de uso de suelo en la Ciudad de México”? O sea, saben que hay mucho cambio de uso de suelo en esos inmuebles, ¿y no tienen información actualizada? ¿Quién autoriza esos cambios de uso de suelo? El Congreso de la ciudad, ése donde Morena, desde 2015, es protagonista: ¿les metieron gol a sus diputados? ¿Y el gobierno de Morena no se dio cuenta en más de un sexenio de esos cambios? ¿Son incapaces o son cómplices? ¿O se trata de una medida intimidatoria/persecutoria?
La gaceta agrega: “Considerando el dinamismo del grupo de inmuebles mencionado, se estima necesario que respecto de estos bienes se cuente con datos actualizados que garanticen que la información sobre los inmuebles sea precisa y se encuentre actualizada (recontra sic)”. ¿Saben del dinamismo, pero no en qué se ocupa o qué causa ese “dinamismo”?
¿De verdad no ven el efecto que están por generar en el sector constructor? ¿Tan desesperados están por dinero, o por venganza a quienes votan menos por ellos, que prefieren esta medida así sea al costo de ahuyentar nuevas inversiones inmobiliarias?
El derecho a la vivienda digna es un reclamo que se discute de manera planetaria. Corregir o mitigar la voracidad inmobiliaria, o promover que no haya viviendas sin gente y gente sin vivienda, es un debate que esta misma semana ha propuesto Salomón Chertorivski.
Y hablando del predial: debe ser por definición un impuesto progresivo: que pague más quien más tiene o quien tiene predios de mayor valor. ¿Estamos ante un aumento del impuesto predial, sólo para un sector y disfrazado de “actualización”?
Pero un requerimiento de Finanzas, ¿es la mejor manera que encuentra el gobierno que se llama de izquierda para iniciar el debate sobre los rezagos y los derechos en vivienda de la capital? Suena a revancha. Aún más tras el intento de madruguete en rentas congeladas.
Y ya que estamos en preguntas: ¿a poco habrá verificaciones para validar si lo que se reportó es fidedigno? ¿Entrarían a las casas sin orden judicial? ¿Usarán la información para reportar al SAT rentas de casas? Aunque dicen que no sancionarán, ¿cómo asegurarse de eso?
En México, las generaciones más canosas sabemos lo que pasa cuando “Lolita” te pide información. “Lolita” fue esa campaña del gobierno para que no te hicieras guaje si te buscaba el hoy SAT.
Sí, hay que pagar impuestos, pero estos deben ser generales y para servicio público. Porque del estado de las calles, banquetas y otros servicios públicos en la capital, incluida la seguridad, es decir, del uso de esos impuestos, ni hablar.
En todo caso, ¿no le urge a la jefa de gobierno Clara Brugada que más gente ponga mucho dinero en proyectos de vivienda, para que haya empleos, para empezar? Y para que haya vivienda social y vivienda de más de 4.5 millones de pesos en términos catastrales para quien desee pagar eso.
La nueva obligación de notificar el uso de la vivienda propia desalentará a compradores y, por ende, a constructores. Seguro en Bosque Real abrieron champaña por el “error de diciembre” de Brugada: más chilangos se irán a vivir al Estado de México. Ay, Clara.
*Tomo prestado, aunque lo cambio un poco, el título “Preguntas para joder al vecino” de la columna de Juan Alberto Vázquez. Sea.