El 5 de febrero de 1980, el presidente José López Portillo habló ante lo que entonces se llamaba Reunión de la República. En esa fecha, el versátil mandatario sentía que iba en ascenso, ignorante de cómo el tiempo sería cruel con él y su desempeño.
En sus memorias (Mis tiempos, 1988), JLP señala que fechas como el 5 de febrero eran “actos políticos de fuerte contenido administrativo”, rituales que “permitían aliviar presiones (y a veces crearlas) sin esperar el informe presidencial”.
Si hemos de hacer un forzado paralelismo, la presidenta Claudia Sheinbaum eligió su primer 5 de febrero para poner más presión sobre un Poder Judicial moribundo (¿sería exagerado decir que la no invitación a la presidenta de la Corte, Norma Piña, a Querétaro terminó de sepultar a ese poder del Estado?).
López Portillo fue famoso tanto por su amplia cultura como por su incapacidad para no ceder, ya en la cúspide del poder, a algunas de las más mundanas frivolidades. En sus memorias se siente maltratado, y no pocas veces intenta justificarse por los saldos negativos de su tormentoso sexenio (1976-1982).
Pero también fue un presidente que, así fuera en el discurso, alegaba a favor de la República. Precisamente, el día de marras, en la cuarta conmemoración de la Constitución que le tocaba, López Portillo hizo una defensa de los avances del Estado mexicano y de cómo las tensiones eran signo de salud republicana.
“Ahora es fácil gritar ¡Viva la libertad!, porque somos libres, y también porque lo somos empezamos a desdeñarla…”, se cita el propio JLP en sus memorias sobre lo que dijo ese día, y agrega: “Porque hay libertad de creencias, de pensamiento, de opinión, de escribir, se expresan las contradicciones de nuestra sociedad; porque hay libertad de reunión y manifestaciones, se nos disloca el tránsito; (…) porque deberemos respetar derechos adquiridos y solo afectarlos de acuerdo con las leyes y por disposiciones de jueces, hay limitaciones a la acción pública”.
¿Hace falta recordar que el priismo fue campeón en simular? Decían una cosa, podía hacer exactamente lo opuesto. Empero, la formulación del ideal, el solo hecho de mencionar cuál era el “deber ser” independientemente de lo que ocurriera en la realidad, servía de brújula para señalarles sus desviaciones.
Cuarenta y cinco años después, la palabra de un juez –e incluso de una ministra o ministro de la Suprema Corte– vale bien poco, en el discurso e incluso plasmada en una sentencia.
En un puñado de años, con Morena pasamos de “no me vengan con eso de que la ley es la ley” a abrir procedimientos, como se informó hace un par de días, en la Fiscalía General de la República en contra de dos jueces del interior del país por el atrevimiento de dar resoluciones para detener la elección judicial.
A la titular del Poder Judicial y a ministras y ministros no obsecuentes con Morena no solo no los invitan a Querétaro a la conmemoración de la Carta Magna, como ocurrió la semana pasada, sino que en público la jefa del Estado mexicano dice, sin más, que es porque violan la Constitución.
Ayer la presidenta de la Suprema Corte no fue requerida a un importante acto cívico-militar: la conmemoración de la marcha de la lealtad. No, no es queja formalista, no es un reclamo por la descortesía. Si lo que no se nombra no existe, Claudia dixit, ¿qué ocurre con lo que abiertamente se excluye?
López Portillo al menos decía que los derechos solo se afectan por disposición de un juez. Claudia, en cambio, hizo del 5 y el 9 de febrero dos “actos políticos de fuerte contenido administrativo” para decirle a la Patria que ella decidió que, antes de la elección del 1 de junio, para Palacio Nacional el PJ no existe.
En palabras muy llanas, el gobierno –compuesto por abrumadoras y poco reflexivas mayorías legislativas de Morena en el Congreso de la Unión, y por la Presidenta misma– hoy por hoy no tiene contención legal alguna, pues desconocen y hasta persiguen jueces.
¿Cómo hemos de llamar a esta República sin Poder Judicial? Es pregunta.