En las democracias, se accede al poder a través de las elecciones. Es así como el ganador puede crear o destruir instituciones y políticas públicas. Por eso, la Reforma Electoral es tan importante. Hasta ahora, todas las reformas se habían hecho por acuerdos y con consenso entre los diversos actores políticos y sociales. Sin embargo, no se logró acotar el presidencialismo en dichas reformas, y por eso Morena, al llegar al poder, ha podido debilitar instituciones.
Su gran logro ha sido sacar de la pobreza a varios millones de personas. Pero, en realidad, con el aumento del salario mínimo y las ayudas sociales, muchos tienen mayores ingresos, pero no mayor bienestar, porque se deterioró el sistema de salud, se ideologizó la educación y no se invirtió en el mantenimiento y operación de la infraestructura. Sus grandes obras son elefantes blancos que viven del subsidio y gastan más que el INE.
Se acabaron los contrapesos republicanos: tomaron ilegítimamente las mayorías legislativas, eliminaron el profesionalismo y la independencia del Poder Judicial, desaparecieron los fideicomisos que fomentaban diversas actividades y abandonaron la profesionalización y el equipamiento de las policías locales. Además, aumentaron los feminicidios, homicidios, desapariciones, secuestros y la trata de personas. Los abrazos no funcionaron, pero sí las alianzas. Contar con más ingresos no ha mejorado la vida de grandes sectores de la población.
Ante estas fallas y la creciente indignación, que pone en riesgo su triunfo electoral en 2027 y 2030, decidieron cambiar el sistema electoral. La iniciativa ya se envió al Congreso. No se establece claramente en el texto constitucional, pero lo más grave es que desaparece el servicio profesional de carrera. ¿Qué significa esto? Que van a despedir a todos los que organizan las elecciones en todos los estados del país y, en su lugar, nombrarán personal eventual para organizar casillas. Ya no serán los ciudadanos quienes cuenten los votos, sino los Consejos Distritales electorales, según lo establece la iniciativa. Por eso quieren desaparecer el PREP y limitan a los partidos para impugnar resultados.
Se introducen en la Constitución mecanismos de democracia directa, como consultas populares, referéndums o plebiscitos. Ya sabemos cómo se mediatiza la votación en estos ejercicios, que solo han servido para validar decisiones previamente tomadas, como en el caso del nuevo aeropuerto de la CDMX.
Además, desaparecen los diputados plurinominales y los reemplazan por dos métodos: uno consiste en asignar 100 curules a candidatos que hayan perdido en su distrito pero obtenido el segundo lugar en votación, lo que beneficia a Morena; el otro es una lista de personas propuestas por los partidos por circunscripción electoral. En estas listas se otorgan espacios a diputados migrantes. ¿Quién puede leer la lista y tomar decisiones? Volverán los “acordeones”, que no se prohibieron en la iniciativa. Así, Morena asegura su mayoría sin necesidad de aliados.
En el Senado, se regresa a dos senadores por entidad federativa y uno por primera minoría, lo que nuevamente beneficia a Morena, pues si no gana, al menos tendrá un senador por este principio en varias entidades. Que en una democracia exista un partido hegemónico es posible, pero aquí se intenta asegurar la hegemonía con reglas diseñadas para no perderla.
La reducción del presupuesto del 25 % al INE y a los partidos se utiliza para justificar la reforma. Sin embargo, las elecciones no son tan costosas como se afirma: representan menos del 0.5 % del PEF, cinco centavos de cada peso; otros cálculos lo ubican en 0.26 %, aún menor. Se busca acotar aún más las facultades y la autonomía del INE y del Tribunal Electoral, que tienen más cargas de trabajo, como monitoreo de “fake news” y organización de la elección del Poder Judicial, pero con menos recursos, pese a que Morena controla ambos. La idea es ganar y neutralizar impugnaciones de los partidos y candidatos. Además, se elimina la deducibilidad fiscal de las aportaciones de particulares.
Si realmente la presidente Claudia Sheinbaum quiere que los votos decidan, la solución sería sencilla: que se voten los 300 distritos, que cada partido obtenga el número de diputados proporcional a su porcentaje de votos nacionales, y que así se integre el Congreso. Con base en la votación nacional efectiva, Morena tendría 40 %, PT 5 %, PVEM 8 %, PAN 17 %, PRI 11 % y MC 10 %. Así, cada partido tendría el número de diputados que le corresponden según los votos, sin sobrerrepresentación. Esto sería equitativo y reflejaría la voluntad popular.
Pero no es así. Con un discurso engañoso, se pretende asumir como demócrata, mientras se busca el control electoral para mantenerse en el poder, incluso sin tener el 50 % de los votos. Estamos ante una reforma diseñada desde el poder, en solitario, para conservarlo. Los aliados PT y PVEM están siendo presionados, chantajeados e incluso amenazados para aprobar una reforma constitucional que, en primer lugar, reduciría su capacidad de competir. Por eso los acuerdos se retrasan: aprobar una reforma tan regresiva también los perjudicaría.
Se dice que, si no votan la reforma, aún habrá alianzas en 2027 para gubernaturas y otros cargos, pero sería la última vez que podrían mantenerse en el poder. Para 2030, Morena controlaría elecciones, “acordeones”, gubernaturas y dinero.
Pese al clamor popular de no admitir financiamiento del narcotráfico, la iniciativa solo menciona que las aportaciones no se harán en efectivo, sino por el sistema financiero, sin establecer la pérdida de registro si provienen del crimen organizado. En la práctica, el dinero sucio sigue circulando y pagando representantes y votantes.
También se reduce el acceso a radio y televisión de los partidos durante campañas. La sobrerrepresentación no se elimina: con poco más del 50 % de los votos, la alianza Morena-PT-PVEM mantiene el 75 % de las curules, contraviniendo principios constitucionales. Esta reforma afecta a los aliados, que enfrentan mecanismos de presión, como carpetas de investigación, ofrecimiento de candidaturas y recursos. Si ambos partidos ceden, dejarán de ser necesarios para 2030, pues Morena consolidaría sus mayorías.
Estamos en una de las épocas más oscuras del asalto al poder. Se busca control total e instaurar un sistema autoritario de partido hegemónico, no por votos, sino por artimañas. Existe decepción entre la población, que sufre carencias en salud y seguridad. Basta mencionar los muertos por COVID, la falta de medicamentos para VIH y cáncer, y cómo se tachó de conspiración a las protestas de padres de niños con cáncer. No hay humanismo ni empatía; solo ambición de poder y dinero. Esperemos que PVEM, PT y MC resistan la presión. Sabemos la verdad y queremos que el pueblo decida, no a través de mañosas contabilidades, sino en la exacta dimensión de los votos que cada partido reciba.