Con la bandera de que es un derecho el acceso humano al agua, el Ejecutivo envió reforma constitucional y legal para cambiar la Ley de Aguas. No se trata de atender a la población marginada, ni de solucionar el desabasto en zonas urbanas y semi urbanas, pues no incluye disposiciones al respecto.
Bajo el supuesto de que intercambiar concesiones de agua entre particulares es una mala práctica y un abuso, la Presidente Sheinbaum pretende que CONAGUA sea la única autorizada para disponer de toda concesión o permiso del uso del agua, ni siquiera sus delegaciones pueden intervenir. Desde luego, no aumentan su presupuesto, ni establecen mecanismos de financiamiento, o para resolver conflictos, ni acciones para sancionar su incumplimiento. Esta concentración, absurda y confiscatoria va a producir graves problemas en la producción agrícola e industrial.
Si usted hereda a su hijo, esposa o familia un terreno, el pozo no puede seguir operando, queda en manos de CONAGUA la decisión de su operación, volumen y uso, mediante nuevo título. Muchos particulares hacen convenios para ampliar sus extensiones agrícolas de cultivo y mejorar producción, combatir plagas, cuidados, y comparten sus concesiones de agua. Esto quedará prohibido en la ley. Ya no hay posibilidad de intercambio de agua entre particulares. También se pone en riesgo la producción pecuaria.
Se podrían cancelar concesiones sin declaratoria de utilidad pública, es decir, porque lo digo yo. Se prohíbe la transferencia de derechos por venta. Si vende o arrenda un terreno ya no podrá transferir la concesión o asignación de aguas. Se prohíbe el cambio de cultivos en que pueda variar el uso de agua.
Se prohíbe proporcionar a terceros en forma provisional el uso parcial de aguas concesionadas, en situaciones de emergencia. Se crea el Registro Nacional de Aguas que sustituye el actual Registro Público y se desplaza a los organismos de cuenca. La discrecionalidad de CONAGUA para otorgar, asignar o permitir uso de agua, puede disminuir o cancelar volúmenes de agua concesionada, se sanciona transmitir títulos de concesión sin permiso.
Se crean nuevos delitos en materia hídrica, con penas corporales y altas multas. Se pretende el reparto condicionado del agua, como mecanismo de control político, no como medida de saneamiento o derecho humano. El gobierno no tiene autoridad entre los productores del campo y sus organizaciones, así que usar el agua como forma de sometimiento parece muy efectiva.
En la Cámara de Diputados se han realizado foros y recogido demandas y rectificaciones al proyecto. Ya el diputado Monreal ha dicho se tomarán en cuenta varias sugerencias para mejorar el proyecto. Pero la moneda está en el aire.
Violar derechos adquiridos resulta una propuesta regresiva, frente a la cual no hay defensa. Los trámites centralizados serán tardados y afectarán la productividad. Puede afectar nuestras exportaciones al retrasar ciclos y entregas. Está ley mata la parcela, contraria al reparto agrario, sin agua la tierra no vale nada, no hay cosechas, es en realidad un despojo a los agricultores.
Afecta también a varias industrias, entre otras a la tequilera, que arrenda tierras para producir el agave y usa las concesiones de agua de los propietarios, que además cuidan las cosechas de plagas y problemas, para ampliar zonas de cultivo y cumplir metas de producción, muchas de ellas ligadas a mercados de exportación. Si ya no se pueden arrendar parcelas con agua, de qué manera va a sobrevivir la industria. Tendrán que buscar salidas costosas.
Las protestas apenas inician, ya que muchos agricultores no conocían de los contenidos, otros fracasaron en su intento de lograr reformas. La productividad en el campo va a caer y el centralismo burocrático para controlar agricultores puede suscitar fuertes presiones y movilizaciones. No es lo mismo reprimir jóvenes y culparlos de tentativa de homicidio que enfrentar a los hombres del campo, en defensa de sus tierras, su agua y sus familias. Estamos ya hablando de un México bronco así que ¡Aguas! Con el agua.