La reforma a la Ley de Amparo lesiona los derechos humanos, su progresividad y su protección a la población, bajo el supuesto de evitar evasión y elusión fiscal, delincuencia organizada, frenar obras o políticas públicas en perjuicio del interés social, alegan los morenistas. Disfrazaron la retroactividad para aplicarla en los procesos en curso y de nuevo faltaron a su palabra de que la retroactividad no se aplicaría por ser inconstitucional.
Contrario a su origen, hoy el amparo no protege al ciudadano, sino a los servidores públicos. Al quitarse la suspensión, provisional o definitiva, al dejar que el juez valore de antemano su procedencia, se viola el interés legítimo y se aplica el interés jurídico erróneamente, con el llamado “interés social” que define la propia autoridad, y se deja de proteger a los gobernados de los abusos de autoridad, sin que esta tenga responsabilidad alguna.
Una consecuencia en la protección de los Derechos Humanos de personas y comunidades es que se restringe el interés legítimo para promover un amparo, lo cual limita el acceso de las comunidades indígenas, LGBTTQ+, afrodescendientes, ecologistas, defensores de derechos humanos, grupos de periodistas, defensoras de derechos de mujeres y niñez, al amparo. Estas modificaciones destruyen la democracia y nos dejan desamparados. Pues lograr el amparo ahora implica que se pruebe la afectación real, o un beneficio, mismos que quedan a interpretación del juez.
O sea que para ejercer mis derechos políticos, mis derechos humanos, primero debo demostrar que están siendo vulnerados y se causa un daño real o que su defensa puede tener un beneficio real, para que se otorgue a las comunidades el acceso a un amparo. Esto simplemente es matar el amparo y vulnerar el capítulo I de la Constitución.
Pero el sometimiento al que nos quiere inducir la 4T aún no termina. Ya se anuncia la Reforma Electoral para disminuir o desaparecer plurinominales, acabar con el financiamiento a los partidos políticos, crear nuevas mayorías en el Congreso, acabar con las autoridades electorales como el INE y los OPLES, con los tribunales electorales estatales, las salas regionales y especializadas del TEPJF. Nuestros derechos políticos se reducirán a su mínima expresión para evitar se frene el retroceso del autoritarismo en marcha.
La oposición no logra articularse por tratar de establecer la interlocución con el gobierno, que es inútil a todas luces, y los fondos para las ONG´s y sus causas ya no existen. No hay gobernanza, ni siquiera gobernabilidad, hay autoritarismo. Y cada día estamos más sometidos, paso a paso, con marcos legales contrarios a la libertad y la democracia.
No acaba aquí el problema. El gobierno además de demagógico es altamente ineficiente. Lo vimos con las lluvias e inundaciones que devastaron cuatro estados. Fue bueno que la Presidente acudiera a ver a los damnificados, pero no fue grato que los callara, que no quisiera oírlos y solo hablarles desde su perspectiva. Al menos asistió, y no se ocultó como AMLO. Dice que hay recursos para atender necesidades por 19 mil millones de pesos y criticó al Fonden, que cuando desapareció, en 2020, contaba con 51 mil millones de pesos.
Es increíble que en un país propenso a desastres naturales no se cuente con un sistema adecuado de prevención y de auxilio. Desde luego el cambio climático nos afecta, pero en un mundo donde los desastres naturales son inevitables, la forma de responder está ligada a decisiones políticas, invertir en las zonas de riesgo, garantizar ayudas, no estar sujetos al término del gasto fiscal, por eso funcionó tan bien el FONDEN. Estaba constituido por dos instrumentos: el Programa para la Reconstrucción y el Fondo para la Prevención de Desastres Naturales. Ambos permitían el uso inmediato del dinero para atender y prevenir catástrofes. Hoy deben hacerse transferencias presupuestales y deben terminar apoyos con el año fiscal.
El actual fondo de emergencias no opera como un instrumento para trabajar en la prevención de riesgos, es solo un renglón del PEF para, tras las desgracias, aportar recursos para atender la emergencia. No hay pues un sistema real de protección civil.
Como no se quiere gobernar con la ciudadanía, además de limitar partidos y ONG´s, ahora toda ayuda a damnificados debe hacerse a través del gobierno. Esta decisión lamentable es un fracaso, pues los centros de acopio lucen vacíos. No hay confianza tras lo ocurrido en el terremoto de Turquía y hoy el gobierno pide a las grandes cadenas y tiendas de autoservicio hacer las donaciones que ya la sociedad se niega a realizar. Si uniendo esfuerzos era difícil superar necesidades, ahora se afecta el sentido de solidaridad social.
Así pues, estamos desamparados y sometidos a políticas absurdas que en lugar de propiciar la participación ciudadana, la solidaridad social, la compasión; buscan el control y mantienen una política de fragmentación, de división y de ingobernabilidad creciente.