El abasto de medicamentos siempre ha sido un reto. Llevar a todo el territorio nacional la clase, el tipo y el número de medicamentos que se requieren es labor titánica, pues incluso muchos deben contar con refrigeración en su traslado o empaques especiales, además de observarse las fechas de caducidad. Esto originó que el gobierno federal en sexenios pasados (1994-2000), decidiera operar la compra consolidada de medicamentos y construir con el sector farmacéutico empresas que pudiesen realizar el reparto en tiempo y forma.
El primer reto en esos años fue lograr que cada clínica y hospital del IMSS, ISSSTE y SSA lograra hacer un listado de su consumo anual, según sus características y necesidades de atención a la población y calendario. Fue un esfuerzo que logró frutos, pero el primer año registró fallas porque los listados omitieron algunos medicamentos, o a veces, fueron excesivos en su demanda. Se tardaron tres años en construir ese listado para atender adecuadamente la demanda existente, aunque subsistieron algunas fallas.
El costo de los servicios públicos de salud se relaciona a las patentes y equipos que se cotizan en dólares o euros, mientras que las cuotas obrero-patronales-gobierno se dan en pesos, lo que afecta la capacidad de adquisición de medicamentos, laboratorios y equipos médicos. Se han realizado diversas reformas para el reparto de las cuotas entre pensiones y jubilaciones, servicios médicos y otras coberturas, pero el costo frente a un gasto que se ha disminuido limita la atención a los derechohabientes y población. Además, las enfermedades catastróficas han aumentado y su tratamiento es costoso, solo para alargar promedio y calidad de vida en lo posible.
El traslado y reparto de medicamentos generó la creación de empresas que se especializaron en planear las entregas, según calendarios de necesidades, con equipos de refrigeración y vehículos especiales, con un mapa de todas las instalaciones hospitalarias que debían surtir en el país. El costo era alto. Si bien las compras consolidadas implicaron ahorros, las empresas distribuidoras de medicamentos cubrieron los costos con las partidas que ya se utilizaban para la distribución por cada institución. El gobierno federal, durante varios años trató de ampliar y mejorar el sistema de distribución para, vía la competencia, bajar los costos. Los gobernadores también licitaron para bajar costos.
Cuando AMLO llegó al poder, se escandalizó de los costos de la distribución de medicamentos y habló de un “cártel de las medicinas” donde imperaba la corrupción y pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera investigar el caso. Se investigó a 45 empresas y sus propietarios, algunos políticos entre ellos, pero nadie ha sido indiciado. De cualquier forma, AMLO aniquiló esta forma de distribución que contrataban el gobierno federal y los estatales, y empezó la crisis de abasto. Se caducaron medicinas, no se logró el reparto conforme necesidades.
Incluso insumos básicos no se surtieron, algunos laboratorios quebraron, se tuvo que recurrir a mercados internacionales, y hasta se trató que la ONU solucionara el problema; algo inviable, ya que los pedidos requieren tiempo para la elaboración de los medicamentos y México no lograba ordenar sus requerimientos. Hoy ha disminuido el promedio de vida y los niños no gozan de vacunación universal, regresó la polio, el sarampión. Terrible realidad.
En algunos casos, el gobierno ofreció a los laboratorios contratos que incluyeran la distribución a nivel nacional, lo cual no era viable para las empresas y no prosperó.
La megafarmacia fue solo un distractor para la opinión pública, el último fracaso de AMLO, los recursos invertidos no se justifican y no se solucionó el problema. Mínima cantidad de recetas se surten
Hoy, Claudia Sheinbaum, junto con el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, trata de solucionar el desabasto que tantas muertes ha causado. Las adquisiciones a laboratorios nacionales e internacionales están en curso. Se acusa que no están cumpliendo con las fechas de entrega, y que se impondrán sanciones. Se tienen adeudos pendientes, pero alguien debe ser culpado.
El tema administrativo será neutral al juzgar los casos, el problema se agravará, lejos de solucionarse. Además, hoy los medicamentos los surte el senador Carlos Lomelí, de dudosa reputación, así como amigos cercanos a los hijos de AMLO, según investigación de Latinus. Lo que surten no son medicamentos de alta especialización, pero son contratos millonarios y adjudicados mañosamente.
Es tiempo de diseñar una política pública que realmente sea viable para acabar con el desabasto de medicamento y sus crueles efectos sobre vidas humanas. Las culpas no resuelven. Se requieren acciones coordinadas en el sector salud para operar un suministro adecuado y oportuno. Esperemos se reflexione a profundidad sobre las posibles soluciones y abandonemos el camino de las culpas y la falta de certeza jurídica para construir un buen sistema de compra, surtimiento y reparto de medicamentos. Es por el bien de México.
Hay dos igualadores sociales que permiten mejorar la vida de las sociedades, el sistema de salud y el de educación. Ambos requieren reformularse.