Las reformas a las leyes aprobadas esta semana en el período extraordinario de sesiones buscan crear un sistema de seguridad que funcione y preservan, al menos enunciativamente, que esta actividad estará a cargo de un área civil, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, aunque las funciones y el personal pasan al ámbito militar con la Guardia Nacional.
A efecto de poder investigar actividades delictivas, se crea un nuevo registro nacional de la población, contenido en todas las leyes que guardan conexión. Se trata de una nueva CURP con retrato, datos biométricos, que puede establecer la geolocalización de los usuarios, dar seguimiento a sus actividades, conectarse con sus finanzas, con sus grupos y familiares, intervenir sus comunicaciones sin orden judicial, porque se trata de un programa para control de la seguridad y “la paz pública”.
¿Usted se sentirá más seguro con esta medida? ¿Espiar a los ciudadanos mejora la seguridad? Creo que más bien se viola nuestro derecho humano a la privacidad, la libertad y la seguridad. Tus datos se pueden entregar a las autoridades que lo soliciten en este nuevo esquema de seguridad. Y es obligatorio contar con la nueva CURP para cualquier trámite ante el gobierno. La militarización ya llegó y además, con nuevas facultades de control sobre la población. Inauguramos una nueva época del régimen de gobierno, con una centralización y un control nunca vistos, pero que no resuelven la ineficiencia de un mandato más preocupado por preservarse en el poder que en poder hacer algo para mejorar la vida de la población. Se acabó la división de poderes, se militarizó al país, pero no se vuelve más seguro.
Supuestamente, la nueva CURP ayudará para localizar a víctimas de desapariciones forzadas, pero la ley establece que para que el gobierno inicie un seguimiento, familiares deben presentarse a denunciar ante una fiscalía, para que se inicie una carpeta de investigación y darle cauce al caso. Vamos hacia atrás. Ya no es una simple denuncia para activar la búsqueda lo que funcionará.
Movimiento Ciudadano votó a favor, por ejemplo, de la ley de telecomunicaciones, porque tuvo mejoras. Lo cual es falso, tuvo cambios. pero prevalece el espíritu de censura que le anima. Será el Ejecutivo quien mantenga el control sobre la Agencia de Transformación Digital y ésta, sobre la nueva Comisión de Telecomunicaciones, cuya presidencia la nombrará el Ejecutivo, por lo cual no habrá independencia ni autonomía de las autoridades a cargo.
La ley de telecomunicaciones mantiene avances como el acceso de grupos marginales, la neutralidad de la red, pero permite supervisar contenidos y sin causas claras, ordenar bajar la información, poner multas e incluso iniciar procesos penales, no solo contra periodistas y medios, sino también contra los ciudadanos. Se viola el derecho a la libre expresión.
También se otorga a la comisión la facultad de revisar contratos, determinar su validez, establecer normas para la contratación de publicidad, establecer multas por porcentajes de ingresos, por lo cual puede acceder a información del SAT para determinar montos. En caso de desacuerdo entre particulares por convenios o pagos de servicios, la comisión establecerá los acuerdos a que las partes deben sujetarse. Se permite regular las concesiones y concederlas o suspenderlas. Establece financiamiento público para las sociales y comunitarias que crea un desequilibrio contra las privadas, especialmente de alcance local.
La comisión mantiene la facultad de bloquear plataformas digitales si los contenidos afectan los derechos de la niñez, de las audiencias o de las mujeres. Quien determina la afectación es la propia comisión. Nada de que no iban a interferir en las redes, solo cambiaron artículos y redacción. La discrecionalidad estará vigente en sus decisiones. La solicitud de afectación puede provenir de cualquier autoridad. Esto implica una restricción extrema a la libertad de expresión en internet. Se viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos que México suscribió y muchos otros tratados internacionales. Esto afecta a todos los ciudadanos usuarios de redes.
También se autoriza, en tiempo real, bloquear, cancelar o anular servicios de telefonía digital, de radiodifusión, o de transmisión de datos e imágenes, con lo cual se atenta contra el derecho a la información al limitar la labor de los medios de comunicación. Ya la ONU y la OEA hicieron recomendaciones al gobierno mexicano para evitar los riesgos que conlleva, y recomendó que se respeten estándares internacionales de libertad de expresión, privacidad y seguridad de las personas. Concesionarios y prestadores de servicios de telefonía móvil o telecomunicaciones están obligados a colaborar con la comisión y proporcionar datos como nombre, domicilio, origen y destino de las comunicaciones, planes tarifarios, pagos, fecha y hora, así como duración de una comunicación para evitar la comisión de delitos.
Se obliga a los concesionarios a transmitir diariamente información sobre política, social, cultural, deportivo de interés nacional o internacional y lo harán de manera gratuita con las señales difundidas por instituciones públicas federales. La comisión decide en qué canales o estaciones. Hay pues un claro intento de inducir una opinión pública favorable al gobierno.
Si creen que se solucionó el problema entre información y opinión, se equivocan. Sí se afectarán programas de opinión y de crítica. Los concesionarios deberán establecer la diferencia entre información noticiosa y opinión, para ejercer el derecho de réplica ¡A callar! Además, se solicita a los concesionarios establecer un código de ética para proteger los derechos de las audiencias y se les pide que tengan un censor llamado “defensoría de las audiencias” para atender quejas o recomendaciones, pero que deberá seguir los lineamientos de la comisión al respecto de qué puede o no transmitirse o informarse.
Ya vivimos la censura. Intento de asesinato de Ciro Gómez Leyva, amenazas a Carlos Loret, a Carmen Aristegui, las leyes censura de Puebla y Campeche, y el intento en Sinaloa. Acusaciones contra ciudadanas como Karla Estrella por difundir el nepotismo de Gutiérrez Luna, acciones contra Laisha Wilkins por un “jajaja” respecto a nota de Dora la Corruptora; la decisión de bajar el reportaje de Héctor De Mauleón por su información sobre huachicol en Tamaulipas; ahora la Ley de Telecomunicaciones va a enmarcar estas acciones como “Censura Legal”.
El atentado es contra la ciudadanía, no solo contra periodistas y medios de comunicación. Se violan varios de nuestros derechos humanos. A la libertad de expresión; de opinión; de privacidad, de seguridad; de profesión; de conciencia; al principio de legalidad; inviolabilidad de comunicaciones privadas; a la información; entre otros. Hay que denunciar y alzar la voz ante organismos internacionales. Este es otro clavo al ataúd de la democracia.