La nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión se une con la de Seguridad Pública y la de Simplificación Administrativa para controlar tus datos. Crean un registro de telefonía celular y podrán acceder a tu línea y dar la información a cualquier autoridad que lo solicite sin condición clara y sin orden judicial. Asimismo, el gobierno puede tomar tus biométricos para que realices cualquier trámite ante sus oficinas, mediante el sistema LlaveMX. Así pues, tus datos están expuestos en forma “legal” y pueden intervenirte sin que te enteres. Esto es una clara violación al derecho a la privacidad. Pueden aplicar la censura, sin que en ley se defina con claridad en qué casos aplica, y queda a su discrecionalidad. Se violan los derechos a la libre expresión, a la opinión, y a la libertad de pensamiento.
Ya entramos a un régimen autocrático-militar con las nuevas reformas de este período legislativo extraordinario. Ya se perdió la división de poderes. Ahora van contra ciudadanos, medios y periodistas para acallar críticas mediante sanciones, que van desde multas hasta cárcel. Les faltaba el control de la opinión pública crítica, redes incluidas, para ejercer la censura y buscar construir un pensamiento único favorable a la 4T. Se va a “legalizar” la censura con una ley que tiene facultades para intervenir contenidos, supuestamente para proteger audiencias.
Aún no contamos con el dictamen de dicha ley. Parece que habrá cambios en su conducción, de ser unipersonal, será colegiada, porque es imposible una sola persona conozca de todos los temas técnicos de TV, radio y redes, pero la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones cuenta con atribuciones para evaluar contenidos, contratos, aspectos técnicos, para dar o retirar concesiones. La competencia con nuevas concesiones públicas será desfavorable para el sector privado, por el uso de recursos públicos.
Sin determinar parámetros, ni definirlos en ley, la agencia puede realizar el bloqueo de plataformas digitales, o de sus usuarios, como tú o como yo, o como cualquiera que emita una opinión desfavorable al régimen. Esto es una violación a la libertad de expresión, no solo de medios y periodistas, sino de ciudadanos. El control de usuarios de servicio móvil que normará la Agencia Digital no especifica las condiciones o los propósitos que la justifiquen, pero permite a cualquier autoridad acceder a tu información, sin criterios legales claros.
Otro tema escabroso es que se permite a las fuerzas de seguridad bloquear, cancelar o anular señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos e imagen, con lo cual los periodistas no podrán desarrollar su trabajo de informar a la ciudadanía de acontecimientos que ocurran en un determinado momento o lugar. Violan el derecho a la información. También la libertad de trabajo. Los apagones de internet son una clara violación de derechos humanos ya documentada a nivel internacional. La libertad de expresión, la seguridad y la privacidad de las personas están en riesgo.
El poder centralizado, el alto precio del espectro (4G, 5G), las restricciones a la interconexión, la falta de acceso a los servicios digitales ahuyenta la inversión en este sector básico para el desarrollo.
La manipulación del lenguaje correcto es otro aspecto que lesiona a los críticos y puede dar origen a una mayor censura. Al separar la información de la opinión, se está limitando la posibilidad de que Brozo o Chumel Torres puedan realizar sus programas con la chispa que los caracteriza y pueden ser amonestados.
La presidenta Sheinbaum dice que se busca una mayor conexión de toda la población, 15 millones que están fuera, con internet gratuito, mayor cobertura social, interconexión de redes comunitarias a costos menores, no discriminatorias, con códigos de audiencias, con decisiones colegiadas con cinco consejeros, independencia técnica, neutralidad, son los aspectos positivos que señalan. Asegura que en su régimen no hay censura y se respeta la libertad de expresión.
Pero aquí vale preguntarse, si no hay censura, por qué el atentado de muerte contra Ciro Gómez Leyva; las amenazas públicas a Carlos Loret de Mola; a Carmen Aristégui; a Héctor De Mauleón por denunciar huachicol tamaulipeco; las leyes censura de Campeche y Puebla que violan derechos humanos y tratados internacionales; a Salvador García Soto cancelando su programa; y los ataques a ciudadanas como Karla Estrella por hablar del nepotismo del diputado Gutiérrez Luna, o a Laisha Wilkins por un “jajaja” a una nota periodística de Dora. Acaso la prohibición a ejercer el periodismo a Jorge González, cerrar su medio Tribuna y aplicarle sanciones económicas, mientras hay un juicio por demanda de la gobernadora, no constituyen actos de censura públicamente defendidos por la presidenta Sheinbaum.
En realidad, esta ley busca el control de la opinión pública de ciudadanos, periodistas y medios de comunicación para tratar de moldear una opinión favorable a la 4T, sin críticas incómodas. Es momento de alzar la voz y defender nuestros derechos humanos violentados sin pudor por la censura que nos quieren imponer.
En resumen: está el riesgo de que la Agencia Digital tenga facultades regulatorias excesivas contra ciudadanos; hay una falta de transparencia en sus disposiciones para llevar a cabo la revisión de contenidos y contratos; se legaliza la censura digital; hay gran discrecionalidad para aplicar sanciones y afecta la competencia entre los actores de TV, radio y redes; no hay contrapesos para evitar abusos. Así pues, se completa el círculo de un gobierno autocrático, cerrado a la sociedad y a la crítica, centralizando el poder y ejerciéndolo con gran ineficiencia, pero que no se diga.