La relación México EU es cada vez más tensa. Es falso que la presidenta Sheinbaum llamara a manifestaciones violentas en Los Ángeles, como lo afirma Kristi Noem. Pero Trump está empeñado en una escalada para justificar el trato inhumano y violatorio de derechos hacia los migrantes. Las manifestaciones fueron pacíficas y la policía vigiló su desarrollo, pero se unieron conglomerados con otras causas, que agredieron policías y quemaron patrullas, lo que provocó enfrentamientos.
Para atacar al gobernador de California, Gavin Newsom, Trump sacó de proporción lo ocurrido y aseguró que la ciudad podía ser arrasada, por lo cual, en forma ilegal, envío a la Guardia Nacional y al Ejército, pese a la negativa del Estado y el Condado. Trump busca doblegar a una sociedad pluriétnica, multicultural, liberal que ha luchado por derechos civiles y libertades.
California se ha formado con inmigrantes y es a nivel mundial la quinta economía, lo que Trump no supera. Quiere imponer un pensamiento único y ataca a las universidades violentando libertades y oportunidades. No cuenta ya con mayoría en la opinión pública y estas justificaciones le permiten mantener sus propuestas xenofóbicas como algo bueno para EU, que se formó de inmigrantes. Su estrategia incendiaria, como la calificó Warren, no apuesta a soluciones, busca radicalismos. No debemos caer en esas trampas.
Por lo pronto es buena decisión de Claudia Sheinbaum acudir a la reunión del G7, donde independientemente de la actitud de Trump, podrá establecer lazos más estrechos con otras naciones de fuertes economías.
En México se han cometido errores. Es cierto que la presidenta llamó a movilizaciones contra el gravamen de las remesas, tanto en San Luis Potosí, como en su mañanera. Eso cayó como una gran oportunidad a Trump, que la está aprovechando. Luego, “Changoleón”, de nuevo como fajador de barrio, sin argumentos, ataca a los legisladores americanos y como resultado le responden que subirán la tasa de gravamen a las remesas ¡Qué gran defensa de nuestros compatriotas! Se requiere de una política exterior más efectiva. Que busque soluciones en un momento de gran fragilidad.
Están sobre la mesa: aranceles injustos que destruyen cadenas productivas; política antiinmigrante que demoniza a los mexicanos como criminales; gravámenes a las remesas; seguridad fronteriza, tráfico de fentanilo y otras drogas; entrega de narcopolíticos; aduanas, puertos y aeropuertos; certidumbre jurídica; combate al narcotráfico con apoyo de tropas estadounidenses; revisión del TMEC y sus violaciones con desaparición de órganos autónomos; y lo que se acumule. Todos afectan a nuestro país y su economía. Pero a Trump le interesa convertir a México en una colonia, con el pretexto de que un narcogobierno predominante en México amenaza su propia seguridad interna, Trump ya no cuenta con la misma popularidad, pero sí con el poder de usar a las fuerzas armadas.
El camino está preparado con la clasificación de los cárteles como amenaza terrorista. Y mientras tanto, Claudia culpa a la oposición de promover lo dicho por Kristi Noem. No llama a la unidad nacional, no tiende puentes, se aísla y se victimiza con una estrategia que no le ayuda a ella, ni al país.
Para colmo descalifica a los observadores internacionales de la OEA como injerencistas en la política interna de México, aludiendo a la Carta de la OEA en su artículo 3e. Pero no menciona a la Carta Democrática Interamericana que establece que “uno de los propósitos de la OEA es promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto a la no intervención” y afirma: “Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos, la obligación de promoverla y defenderla” con respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, “que requieren de la participación activa de la ciudadanía”, con sujeción al Estado de Derecho. Carta firmada por México. Luego entonces no se trata de recomendaciones injerencistas o violatorias de leyes nacionales. No se trata de un ataque a la soberanía. Es simplemente un recuento de lo ocurrido.
OEA señala: poca participación de 13 por ciento, inducción al voto mediante acordeones, fuerte polarización y litigiosidad; se pone en riesgo la independencia y autonomía del Poder Judicial, postulación de candidaturas, sorteos para elegir candidatos, no se realizó el escrutinio en casillas; no hubo PREP; no se cumplieron estándares internacionales para la elección; politización del proceso; requisitos laxos para elegir candidaturas, lo que elimina la idoneidad; no se garantiza la solvencia técnica; corto plazo para la preparación del proceso y recursos insuficientes; no se establecieron adecuados mecanismos de impugnación; número de boletas por votante fueron numerosas y causaron confusión; eliminación del Consejo de la Judicatura; y recomienda esta elección judicial no se replique en otros países.
Ante estas y otras observaciones solo se contestó con el argumento de violación a la soberanía, pero no se emitió un solo argumento para atender las irregularidades que se detectaron por la Misión de Observadores Internacionales. Solo la descalificación, nunca la explicación. La Presidenta no era quien debía contestar al Informe, pues México solicitó las misiones a través del lNE y la SRE, quienes deben analizar y responder el Informe. Pero en su afán de parecer democrática en un proceso de autoritarismo, ni siquiera se cuidan las formas.
Tanto SOMOSMX. Como el PRI, han anunciado que recurrirán ante las autoridades electorales, nacionales y extranjeras, para pedir la nulidad de la elección del Poder Judicial, debido a las irregularidades, trampas, sorteos, intimidaciones, conteos, que se llevaron a cabo, violentando las reglas básicas de un proceso electoral. Pronto veremos resultados de estas gestiones que pondrán a México de nuevo en la palestra.
Pero si ustedes creen que la puntilla a la República fue esta farsa de elección, se equivocan, la 4T aún no termina de destruir. Viene la Ley de Telecomunicaciones y que viola derechos humanos, y no cumple con la autonomía de un órgano técnico; así como la propuesta de la Llave MX que obliga a los ciudadanos a dar sus biométricos para cualquier trámite ante el gobierno, o la ley de seguridad pública, que complementa la de telecomunicaciones, en poder acceder a la telefonía celular de los ciudadanos para hacer escuchas y dar información a cualquier órgano de gobierno sin que medie orden judicial. Y también falta la Reforma Electoral, que busca eliminar o reducir a los plurinominales, aunque ahí los propios aliados de Morena darán la batalla, pues sin ellos pierde mayorías en el actual Congreso.