La 4T ha ido acabando con instituciones, avasallando a los poderes Legislativo y Judicial, terminando con las policías, tomando el poder en los Estados, ahora busca acallar críticas con las iniciativas de ley en materia de telecomunicaciones, seguridad civil y simplificación administrativa.
Sin respeto a la privacidad intervendrá la telefonía celular, aplicará sanciones a medios de comunicación, buscará frenar contenidos en redes sociales, abrirá nuevos medios informativos afines a su proyecto. Ya Ricardo Monreal anunció dos períodos legislativos, en junio y agosto, para sacar 122 iniciativas más.
La violencia está imparable y ya tocó las puertas del Gobierno de CDMX. La presión de EU en diversos temas de seguridad como migración y tráfico de fentanilo se unen a los aranceles, impuestos a remesas, visas a estudiantes, revisión adelantada de TMEC, entrega de narcopolíticos, y lo que aún pueda ocurrirse con Mario Rubio a la cabeza.
Se busca centralizar decisiones y controlar a la población. Pero a ciencia cierta, aunque ya hay un cambio de régimen, aún no hay claridad de cuál es el proyecto de Estado que buscan consolidar, ni el proyecto nacional que dirigirá los destinos del país. Hay destrucción, con mil excusas, corrupción a la cabeza, que; sin embargo, ha crecido y se hace más pública y cínica.
Se habla de moralidad, con un gobierno lleno de familias enteras en los cargos de gobierno. Rechazan los morenistas el proyecto de nepotismo y reelección que envío Claudia Sheinbaum y lo posponen hasta la elección presidencial. Luisa María Alcalde, envuelta en escándalos llama a la ética, Andy controla al partido sin un proyecto nacional, solo personal.
Querer gobernar a un país tan amplio y diverso no es una tarea sencilla. Menos en medio de tantos frentes abiertos. No importa cuántas modificaciones legales se hagan para someter a la población. La pluralidad ya se ha instalado y no va a desaparecer por la voluntad autocrática de un gobierno. La sociedad está organizada en diversos frentes. No solo cuentan los partidos, que algo aportan, también un sinnúmero de asociaciones de todo tipo con vida propia, que resienten las medidas contra la democracia y la pluralidad que caracterizan el mosaico de un país que ha luchado por siglos para ubicar su lugar en el mundo.
Es tal el afán de crear un régimen imperial centrado en el Ejecutivo, cada vez más disminuido, que el tiro puede salir por la culata. En lugar de un control férreo, que no cuenta con las herramientas institucionales para poder instrumentar políticas públicas y avanzar en el bienestar de las familias, tenemos una serie de grupos aglutinados en un movimiento que tampoco cuenta con una ideología o proyecto nacional, amalgamado por intereses y ambiciones. No hay pues, un servicio público que logre hacer funcionar, un Estado de Derecho que va esfumándose con el tiempo.
El gobierno no puede dar respuesta a los mínimos de bienestar en salud, educación y empleo. Crece la deuda y su servicio, Pemex se vuelve una pesadilla, CFE no logra cubrir la demanda para impulsar el crecimiento de empresas. No funcionó el nearshoring a falta de condiciones de certeza jurídica que los banqueros exigen a Claudia Sheinbaum.
Como van las cosas, con frentes abiertos en el exterior y cada vez más al interior, con una CNTE que creó la 4T como apoyo, pero que hoy se niega a replegarse, con gobernadores que no atienden los llamados presidenciales, con un Legislativo que impone decisiones, vemos un gobierno fraccionado, incapaz de que se ejerza el mando, pese a los nuevos marcos jurídicos depredadores de instituciones. Podrán, con sus mayorías, imponer decisiones, pero no hay un Estado de Derecho, ni hay instituciones que resuelvan las demandas de la población en los más diversos campos: movilidad, inversión, medioambiente, infraestructura, agua, seguridad, y un largo etcétera.
Una presidenta que se mueve en aguas turbulentas, entre la impunidad del narcotráfico, la corrupción a todos los niveles, los contratos a modo, un partido que no encabeza, demandas que no puede resolver, la falta de un Estado de Derecho, presiones de diversas filiaciones de la 4T, una prensa crítica que ha sobrevivido pese a la censura, y leyes que no podrán controlar a la población, pese a sus rasgos autoritarios, cabe preguntarse: ¿cuál es el rumbo? A donde queremos llevar al país, más allá de un Plan México que no define un proyecto nacional, pone tan solo medidas y propuestas para atemperar la crisis y retomar crecimiento. Pero no existe el valor de la palabra, ni el marco de certidumbre legal.
Así pues, si bien el gobierno quiere avanzar en un modelo autocrático, es muy poco probable que logre la gobernanza. Y sin política y sin gobernanza, lo que queda es el caos. Somos 130 millones de mexicanos que hemos practicado la democracia electoral y la libertad de expresión. Se nos viene encima una gran improvisación, mayor corrupción en la administración de justicia, en las obras públicas, en el sistema de salud, en el de educación, mayor desempleo, menor inversión privada, que es la que crea empleos, órganos electorales que han perdido su independencia e imparcialidad, no hay diálogo con los opositores, solo descalificaciones, no se practica la pluralidad que incluye a la diversidad.
Se requiere una Reforma del Estado para volver a contar con la posibilidad de que exista la gobernanza. Se ha pospuesto por décadas, pero es necesaria. No es una tarea fácil, pero frente al caos que se viene encima es un camino a explorar con todas las fuerzas políticas y sociales, para superar una crisis de gobernabilidad. De lo contrario, la degradación del país seguirá un curso que a todos afectará. Se requieren nuevos mecanismos que funcionen para la convivencia y la solución de controversias. México no cuenta con un gobierno, contamos con un Poder Ejecutivo, pero no es colegiado y por tanto, las decisiones son unipersonales. Y nadie puede controlar a un país sin un órgano de gobierno colegiado que permita una mejor toma de decisiones.
Veremos qué sucederá en el próximo futuro. El presidencialismo tiene muchos años en nuestra realidad política, pero hoy es un desdén en voz alta. Quienes tomaron el Estado, hoy lo destruyen, lo desmantelan, y se entrega el poder a grupos delincuenciales y cacicazgos. Limitar las capacidades del Estado, que se han disminuido, pone en riesgo a la República. No hay un planteamiento para un nuevo tipo de Estado.