Quien pide que desaparezca el INE, como el caso del empresario Ricardo Salinas, no tienen idea de lo que ha sido el proceso de desarrollo de la democracia mexicana. No entendió el movimiento de 1968, ni las reformas político-electorales que arrancaron en 1977, ni las elecciones de 1988, ni las reformas de 1994, con Tribunales Electorales y Padrón confiable. No entendió la alternancia en el 2000, ni en el 2012 o el 2018. Los cambios registrados por acuerdo y sin violencia. Con problemas, si, pero ha sido una profunda transformación por consenso y con nuevas reglas.
Pasamos de un sistema autoritario y de partido hegemónico, con el control del gobierno de las autoridades electorales, a un sistema plural, con autoridades autónomas, con garantías jurídicas y reglas para igualar competidores en contiendas. Somos los ciudadanos quienes formamos las casillas, como funcionarios, somos quienes contamos los votos y damos al INE los resultados y pormenores del proceso. Es nuestra la democracia y sus procesos. No queremos retroceder y dejar en manos del Estado o de militares este proceso.
La democracia no es una panacea, pero permite la sana convivencia con respeto a lo diverso. La pluralidad la nutre. Lo diferente no es disfuncional, es una visión distinta que puede resolver viejos problemas. La crítica forma parte de la democracia, al igual que el debate. Las libertades solo son posibles en la democracia, y el Estado laico las garantiza, al igual que los Derechos Humanos. La libertad de expresión, de manifestación, de prensa, de preferencias sexuales, de no violencia contra las mujeres, solo tienen cabida en sociedades democráticas.
Por eso debemos evitar los falsos debates. El INE garantiza las elecciones y su legalidad. Su Consejo solo puede aplicar la ley, no interpretarla. Para eso está el TEPJF cuyas sentencias no son apelables. La ley de Instituciones y Procesos Electorales establece con claridad que los informes de precampaña deben entregarse a más tardar 7 días después de concluido el proceso, y si este requisito no se cumple, el precandidato no podrá ser registrado legalmente como candidato. Hay empero en el Libro Octavo, un señalamiento de que las sanciones a los precandidatos pueden ser en términos de amonestación pública, multa o pérdida del registro. Sin embargo; cuando el partido sea corresponsable de violaciones, no podrá registrarlos cómo candidatos.
Así las cosas, el INE solo aplica la Ley. Quien puede interpretar de distinta forma las sanciones es el TEPJF y en ese proceso se deben evaluar responsabilidades y actuaciones. El hecho de que, como Poncio Pilatos, el TEPJF, quisiera lavarse las manos, y devolver al INE el asunto para evaluar la pena, que está claramente definida, no era viable jurídicamente.
Para pedir la destitución de los Consejeros el proceso debe justificar se cumplan las causas que estipula la Ley, lo cual no parece aplicable. El tema es político, pero de gran importancia para la autonomía del INE en el mayor proceso electoral de la historia. Descalificar al árbitro es la antesala para no reconocer derrotas electorales y Morena parece muy preocupada porque disminuirán sus votos.
Asimismo, el asunto de ampliar el período del Presidente de la SCJN es otro tema de alarma. No solo porque es inconstitucional y la propia SCJN deberá pronunciarse en un tema de su propio interés. Lo grave es que parece ser una puerta que se quiere abrir para prolongarlos períodos en funciones de los servidores públicos. Y esto aplica para todos, desde el Ejecutivo Federal hasta las Presidencias Municipales.
Aunque ya hay reelección en Congresos, parece que se explora la posibilidad de prolongar períodos de vigencia de las funciones para las que fueron electos los servidores públicos, a posteriori de la Ley que aplicó en el momento de su elección. Eso desde luego genera desconfianza, porque la militarización y el autoritarismo que hoy vivimos en México son una grave amenaza a la democracia. Y no es descalificación a las fuerzas armadas, sino a quien impulsa acciones que aseguró no llevaría a cabo, AMLO se pronunció por regresar a los militares al cuartel.
Ahora, además de seguir presentes, son constructores, operadores, financieros, técnicos, policías, científicos, y están presentes en prácticamente todos los servicios públicos. La explicación es la lucha contra la corrupción, pero lo que se subcontrata y lo que se contrata, se hace por adjudicación directa y sin transparencia, ni rendición de cuentas. El hermano, la prima, los hijos de AMLO siguen sin explicar lo que muchos aún se preguntan.
2. El Consejo General, a propuesta de la Unidad de Fiscalización de los Recursos de los Partidos Políticos, determinará los requisitos que cada precandidato debe cubrir al presentar su informe de ingresos y gastos de precampaña. En todo caso, el informe respectivo deberá ser entregado al órgano interno del partido competente a más tardar dentro de los siete días siguientes al de la jornada comicial interna o celebración de la asamblea respectiva.
3. Si un precandidato incumple la obligación de entregar su informe de ingresos y gastos de precampaña dentro del plazo antes establecido y hubiese obtenido la mayoría de los votos en la consulta interna o en la asamblea respectiva, no podrá ser registrado legalmente como candidato. Los precandidatos que sin haber obtenido la postulación a la candidatura no entreguen el informe antes señalado serán sancionados en los términos de lo establecido por el Libro Octavo de esta Ley.
