La cabeza fría de la cual ha hecho gala la presidenta Claudia Sheinbaum en política exterior se está echando de menos en política interior. Así, se está internando en un laberinto del cual será difícil salir.
La narrativa y la postura adoptadas ante las manifestaciones convocadas real o engañosamente por la generación Zeta, pero que sin duda expresan el malestar social acumulado por la inseguridad y la criminalidad, la están llevando a radicalizar su posicionamiento en vez de correrse al centro, donde podría encontrar mayores y mejores márgenes de operación.
Extremar la actitud política, aparte de complicar la ya de por sí compleja circunstancia, terminará por eslabonar errores y contradicciones y exigirá redefiniciones, ajenas al titubeo que, ahora, es notorio. Mejor no meterse en un laberinto.
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Uno. Mostrar falta de sensibilidad ante el malestar social acumulado a lo largo del siglo por la inseguridad y la criminalidad e, incluso, descalificar a quienes salen a la calle con ese motivo no suma, resta voluntades para apoyar el giro presidencial dado en ese frente.
Postura a la cual se agrega un ingrediente delicado. El gobierno da muestras de titubear ante delitos de alto impacto que sacuden la conciencia y exhiben la asociación de política y delito. Esos casos, donde de pronto la acción se frena, causan la impresión que, pese a lo dicho, la administración no quiere llegar hasta donde debe, con tal de no cimbrar la estructura de poder que la sostiene y se enreda.
Si el gobierno pretende modificar la percepción ciudadana en materia de seguridad está obligado a actuar con prontitud, contundencia y entereza ante esos casos, a fin de respaldar en ellos el giro dado en la política y la estrategia. Actuar hasta un cierto punto para no implicar a políticos no mejora, empeora aquella percepción y borra lo alcanzado.
En todo caso, la descalificación de quienes manifiestan su hartazgo ante la inseguridad y la criminalidad no es la ruta para encontrar apoyo en la sociedad.
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Dos. Esa política anticriminal limitada, que se frena ante la posibilidad de tocar personajes o afectar intereses políticos es peligrosa.
Alimenta a los halcones del país vecino que ansian intervenir unilateral y directamente en México contra el crimen y alienta a quienes, desde aquí, quieren abrirles la puerta.
Asimismo, es un regalo para Donald Trump que “no está contento con cuanto sucede en México” y sabe que, cuanto más débil el gobierno mexicano, más fácil será imponer condiciones en materia comercial y anticriminal.
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Tres. Llamar a la unidad del movimiento para exhibir fortaleza e, incluso, convocar a un mitin para “celebrar” siete años de transformación tiene un costo.
De entrada, reduce el margen de maniobra de la mandataria ante los cuadros y mandos de los cuales debe prescindir sea porque le hacen el vacío, desprestigian a Morena o encarecen al precio de su apoyo. Ejemplo de ello, el coordinador parlamentario en el Senado, Adán Augusto López, expresando solidaridad a la mandataria y condenando a “la parte más oscura de la derecha mexicana”. Más hueco no podía sonar ese pronunciamiento. ¿El costo de ese apoyo supone un certificado de pusilanimidad e impunidad?
De salida, armar una movilización para enseñar músculo y establecer con quién están las mayorías corresponde a la dirigencia de Morena, no a la jefa de Estado. Si la mandataria pidió licencia en su militancia partidista no debería tomar y soltar las riendas del movimiento que la ampara, le resta autoridad como presidenta de la República.
Cobijarse de ese modo terminará por obligar a la jefa de gobierno a plegarse ante los duros de la llamada cuarta transformación.
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Cuatro. La confusión de la mandataria y de más de un funcionario y cuadro de Morena sobre el uso legítimo de la fuerza del Estado con el ejercicio arbitrario de la represión los está metiendo un grave problema.
Exponer a elementos de las fuerzas del orden público a contener con equipo defensivo a grupos de provocadores violentos está resultando contraproducente: cuando finalmente se les instruye ya no a contener, sino a cargar contra ellos, lo hacen con furia acumulada y sin entrenamiento indicado, llevando a ver escenas y acciones brutales como las que supuestamente buscan impedir o sofocar.
No se puede jugar con la idea de que el ejercicio del poder no supone a veces echar mano de la fuerza. Mas valdría, capacitar, preparar y entrenar a la policía para aplicar la fuerza sin abuso ni exceso cuando sea necesario.
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Cinco. La decisión de presentar ante la fiscalía y luego consignar ante un juez a quienes presuntamente incurrieron, entre otros delitos, en intento de homicidio constituye un cambio importante.
Actos vandálicos y delincuenciales no sólo han llevado a cabo los integrantes del llamado Bloque Negro. Acciones semejantes y frecuentes han realizado los maestros de la coordinadora magisterial o los normalistas de Ayotzinapa. ¿La política adoptada es general? ¿Se procederá de igual modo contra los manifestantes que, sin importar su filiación política, expresen o defiendan con violencia su causa? Medir con varas distintas el asunto terminará por embrollar al gobierno.
De ahí la importancia de prevenir y no sólo de perseguir. Si tanto se presume del uso de inteligencia policial y, desde hace años, se conoce el modus operandi de los grupos violentos, ¿por qué se les deja actuar impunemente? ¿Por qué convertir un problema en crisis
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En todo esto asombra que, según la narrativa y la postura adoptadas por el oficialismo, una granja de bots y un puñado de provocadores haya llevado a un poderoso gobierno y movimiento adentrarse en un laberinto. Es una historia difícil de entender y contar. Mejor enfriarse y recentrarse.