Más que por una reforma político-electoral integral, al parecer, el gobierno y Morena ahora se inclinan –no sin titubeos– por una apuesta colosal.
La pretensión de replantear el sistema electoral y el modelo partidista, con la reforma a presentarse en enero, se complica de más en más. A ver qué malabares hace Pablo Gómez, el encargado de ella, para darle sentido, alcance e impulso. No es para menos, la posibilidad de la reforma se puso en juego con la apuesta de adelantar y empalmar la consulta de revocación de mandato con las elecciones intermedias.
De nuevo, el gobierno y Morena se hallan ante un dilema: transformar o asegurar el poder y, como en otros casos, no consigue fijar prioridades ni definir qué quiere y qué puede. Quizá, por eso, la tentación de apostar. A ver qué sale.
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La disyuntiva no es fácil y equivocarse puede acarrear un fuerte descalabro.
El dictado del manual transformador no dejaba lugar a dudas. Tras desarrollar una beneficiosa política social; replantear la relación entre Estado y mercado; fortalecer el peso del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo y el Judicial; reducir, fusionar, colonizar o desaparecer a los organismos constitucionales autónomos; y sortear en lo posible las presiones del país vecino, lo conducente era refundar el régimen a fin de consolidar la fuerza hegemónica que hoy representan el gobierno y el movimiento que lo soporta.
La joya de la corona transformadora consistía en eso: modificar los pilares de la democracia, ciertamente fincados en una partidocracia que, sobra decirlo, no es lo mismo. Sin embargo, las complejidades y adversidades externas e internas, así como la falta de cohesión en el movimiento y la sobra de intereses de los aliados tienden, por lo visto, a alterar el plan original y modificar la ruta, haciendo atractiva la tentación de formular una apuesta.
Pretender reducir el número de diputados y senadores, rebajar las prerrogativas partidistas federales y estatales, desparecer los órganos y tribunales electorales estatales, al tiempo de achicar esas instancias a nivel federal… y, de paso, adelantar y empalmar la consulta de la revocación de mandato con las complejas elecciones de 2027 no es algo sencillo de concretar. Menos cuando la fuerza hegemónica viene perdiendo legitimidad en la elaboración e implementación de planes, ganando desprestigio en la actuación y patinando ante los casos de abuso, corrupción y acoso que involucran a cuadros suyos de primera línea.
¿Qué quiere y qué puede el gobierno y Morena en relación con el cambio de régimen?
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Desde antes de anticipar el propósito de realizar una reforma político-electoral de gran calado fue notoria la falta de claridad de la pretensión.
Prueba de ello, haber planteado y aprobado en marzo, no en los términos presidenciales propuestos, el fin de la reelección continua y el nepotismo electoral que, aun hoy, provoca irritación y, quizá, rebelión entre los morenistas afectados en su interés y ambición. Modificación que se planteó antes y por fuera del marco de la reforma electoral anunciada en julio y para la cual se instaló en agosto la Comisión que preside Pablo Gómez. Luego, en septiembre, se introdujo –también por fuera del marco de la reforma– la iniciativa del vicecoordinador parlamentario de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, que pretende el empalme de la revocación y la elección intermedia. Y, hace apenas unos días, la reapertura de un debate superado: el de los tiempos oficiales de los partidos en los medios electrónicos.
La gran pregunta es si el gobierno, Morena y sus aliados están dispuestos y en condición de concretar la reforma electoral y, al mismo tiempo, empalmar la revocación con la elección de 2027. Proyectos, ambos, de una gran ambición. De no ser así, ¿cuál es la prioridad: reformar el régimen o adelantar la consulta de revocación? Cualquiera que sea la respuesta, lo evidente es que la reforma político-electoral no es integral.
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El titubeo de la apuesta que tienta a la pretendida cuarta transformación es perceptible en dos cuestiones.
De un lado, en el trámite legislativo de la iniciativa para empalmar la revocación con la elección. Una propuesta que, aunque presentada por el diputado Ramírez Cuéllar, de seguro tuvo el aval de la principal interesada, como lo es la presidenta Claudia Sheinbaum. Ese proyecto se presentó el 18 de septiembre, se dictaminó el 20 de octubre y, de súbito, su discusión y aprobación se fijó para el lunes pasado, día en que mejor se decidió someterla a un debate más amplio. Como quien dice, al final, se aceleró y frenó. ¿Por qué el titubeo?
De otro lado, la reacción opositora, sobre todo, la panista resultó interesante. El tricolor acusó la intención de meter en la boleta a la jefa del Ejecutivo y el albiazul dijo adelante, con una condición y una observación. La condición: someter a consulta de revocación de mandato, sí, la presidenta, pero también los gobernadores, donde abundan los impresentables. La observación: la posibilidad de revocar el mandato presidencial con los votos de la oposición, pero también con el de las huestes de los cuadros morenistas que le disputan el poder a la jefa del Ejecutivo.
Lo que sea, la iniciativa para el empalme de la revocación y la elección está en suspenso y la reforma político-electoral en un predicamento.
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La apuesta es riesgosa y dos bandas. Se quieren tomar ventajas electorales sobre la oposición y, al mismo tiempo, blindar a la mandataria ante los propios morenistas que motu proprio o siguiendo instrucciones quieren reducir aún más su margen de maniobra o, de plano, disputarle el poder. Como sea, a ritmo de marcha, el gobierno y el movimiento se adentran en un laberinto, donde apuestan . A ver qué sale.